El jefe de Gabinete, volvió a quedar en el centro de la polémica, tras la aparición de nuevas declaraciones sobre la compra de su departamento en Caballito. Las dos mujeres que figuran como acreedoras de la hipoteca negaron conocer al funcionario de Javier Milei y rechazaron cualquier vínculo con la operación, lo que reavivó las dudas sobre el origen del financiamiento de la vivienda.
El hecho tomó relevancia luego de que se conociera que el inmueble, ubicado sobre la calle Miró de la capital porteña, tuvo un valor de 230 mil dólares. Según explicó el propio Adorni, la compra se efectuó a partir de una hipoteca no bancaria por 200 mil dólares, otorgada por dos particulares que previamente habían adquirido la propiedad, lo que encendió cuestionamientos en el ámbito político.
En ese marco, Clarín dio a conocer que una de las mujeres involucradas, Beatriz Viegas, negó conocer al dirigente de La Libertad Avanza y también rechazó haberle otorgado dinero bajo esa modalidad. “No, la verdad que no”, respondió ante la consulta de un periodista sobre su vínculo con Adorni, en una declaración que contrastó con los registros oficiales de la operación.
Vale precisar que los documentos del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires consignan que Viegas figura como acreedora del 50% del crédito hipotecario. La otra mitad aparece a nombre de Claudia Sbabo, quien también quedó vinculada a la operatoria que permitió concretar la compra del inmueble, una información que alimentó las sospechas sobre el mecanismo utilizado.
En tanto, una persona que atendió el teléfono vinculado a Sbabo aseguró no tener conocimiento sobre la situación. “Yo no lo conozco, la verdad que no sé si ella”, sostuvo al ser consultada sobre un eventual vínculo con el actual jefe de Gabinete, y evitó profundizar antes de finalizar la conversación.
El episodio se inscribe en un contexto en el que Adorni ya había expuesto públicamente su situación habitacional, ya que durante su etapa como vocero presidencial solía señalar que residía en un departamento de Parque Chacabuco junto a su familia. Sin embargo, los registros oficiales indican que en noviembre de 2025 el ministro adquirió la propiedad en Caballito mediante la operación ahora cuestionada.
A la par, la adquisición de otros bienes dentro del entorno familiar también captó la atención de quienes siguen la ruta patrimonial del jefe de ministros, ya que un año antes de la compra del departamento la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, escrituró una vivienda en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.
Frente a este panorama, el diputado del socialismo, Esteban Paulón cuestionó las condiciones de la operación y puso el foco en el valor de la propiedad. “Ese departamento era de un exfutbolista hasta mayo o junio del año pasado y está tasado entre 300 y 350 mil dólares”, sostuvo el legislador de Santa Fe, y agregó que el esquema de transferencia y financiamiento “se parece bastante a una forma de intermediar” para evitar explicaciones sobre la compra.
La Justicia imputó a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito
El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó en las últimas horas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y ordenó una serie de medidas de prueba para analizar la evolución patrimonial del funcionario de Javier Milei. La decisión judicial se enmarca en una investigación que busca determinar la consistencia entre los ingresos declarados y los bienes registrados por el dirigente libertario.
En su presentación, Pollicita solicitó impulsar la acción penal al considerar que existen elementos suficientes para profundizar la pesquisa a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. La exlegisladora oficialista acusó al ministro Adorni por fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, en el marco de presuntas irregularidades en la gestión.
En ese marco, Pagano advirtió sobre posibles inconsistencias en contrataciones públicas vinculadas a la Secretaría de Comunicación y Medios, donde una licitación habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato por más de $3.650 millones para el envío de SMS. Además, la denuncia también señala eventuales vínculos societarios entre el entorno de Adorni y firmas participantes, lo que podría afectar los principios de transparencia en los procesos estatales.
Por último, la presentación incluyó cuestionamientos por un presunto conflicto de interés en la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso millonario bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que quedó bajo análisis judicial en el marco de la investigación patrimonial sobre el jefe de Gabinete.
“Estas conexiones comerciales entre la mujer del ex vocero presidencial con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, podría configurar un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, reclamó Pagano, mientras que el fiscal también revisó posibles discrepancias en las declaraciones juradas y la existencia de bienes no informados.