La diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbon hicieron denuncias contra la ministra y el comisario Gauna.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue denunciada penalmente por el comisario de civil que disparó contra los manifestantes que protestaron contra la ley de tierras.
Tras viralizarse el fin de semana la foto de un policía sin uniforme ni identificación disparando contra la gente y luego de que saliera a la luz que se trataba del comisario inspector de la Policía Federal Argentina, Gustavo Antonio Gauna, este lunes cayeron en Comodoro Py dos denuncias contra Monteoliva y el uniformado.
Las presentaciones, según consigna La Política Online, fueron realizadas por la diputada nacional Marcela Pagano y por el abogado penalista Gregorio Dalbon. Ambas quedaron en el juzgado de la jueza María Servini.
Pagano pidió que se los investigue por abuso de armas, lesiones, severidades y vejaciones cometidas por funcionario público, coacciones agravadas por el empleo de armas, turbación de una reunión lícita, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Por su parte, Dalbon pide investigar posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, vejaciones y/o apremios ilegales. Hace hincapié en los funcionarios que hayan autorizado la participación de personal armado vestido de civil.
«Las imágenes difundidas durante y después de los acontecimientos permiten observar a un funcionario que, sin vestir uniforme ni exhibir una identificación policial visible, se encuentra armado y participa activamente de la intervención desarrollada contra los manifestantes», dice sobre Gauna.
«No se trata de la mera presencia circunstancial de un agente de civil en las inmediaciones de una manifestación. Lo que surge de los registros difundidos es la participación activa de un funcionario policial armado, sin uniforme visible, en una intervención de naturaleza coercitiva desarrollada contra personas que se encontraban en el espacio público ejerciendo su derecho a manifestarse», continúa Dalbon.
«La eventual utilización efectiva de un arma por un funcionario que actuaba vestido de civil exige determinar en qué circunstancias concretas se produjeron los disparos y si se encontraba comprendido en alguna de las excepciones previstas», dice la denuncia. «La gravedad del episodio aumenta si se considera que el funcionario no se encontraba aislado de la escena, sino integrado al dispositivo policial que avanzaba sobre los manifestantes», agrega.
«Si un Comisario Inspector de la PFA se encontraba armado, vestido de civil y efectuando disparos en el marco de un operativo de seguridad desplegado frente al Congreso, corresponde determinar si dicha modalidad formaba parte del dispositivo previamente planificado y autorizado por los niveles superiores de la fuerza y por las autoridades políticas responsables de su conducción, o si, por el contrario, se trató de una conducta individual que excedió las órdenes recibidas», completa.