La gestión de Axel Kicillof se mantiene tajante en su postura de no dar pistas en público sobre su eventual postura en caso que la Legislatura apruebe el proyecto de indemnizaciones laborales que fogonea La Cámpora y tiene en alerta a PYMES y grupos empresarios.
En sintonía con los dichos de Axel Kicillof cuando le preguntaron acerca de la postura de la provincia en torno al proyecto que tiene media sanción en Diputados y se aproxima a ser debatido en el recinto del Senado, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fue igual de tajante: “No es un proyecto del Ejecutivo. Sabemos de qué se trata y que se está tratando en la Legislatura pero no es un proyecto del Ejecutivo” advirtió este lunes en rueda de prensa.
El proyecto en cuestión fue elaborado en 2023 por la camporista Maite Alvado y la sindicalista Soledad Alonso y sustituye en los juicios laborales la tasa pasiva, que actualmente se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio, por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
El objetivo de sus impulsores es “subsanar el perjuicio que representa para los trabajadores de la provincia que, en un contexto inflacionario y con juicios que demoran en promedio cinco años, se aplique una tasa que licúa la indemnización que recibe la persona al momento de su pago efectivo”.
Numerosas entidades empresarias provinciales se oponen abiertamente contra el proyecto e iniciaron conversaciones con legisladores y autoridades. En ese sentido, lograron abroquelar a la oposición contra el proyecto.
Desde la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), emitieron un comunicado que lleva la firma de más de 110 entidades empresarias, en el que señalaron que la propuesta «va en desmedro de la generación de empleo, perjudica de lleno la actividad y estabilidad de las empresas».
«Sería sumar un golpe más a la profunda crisis que vienen soportando las pymes de la Provincia de Buenos Aires”, planteó el presidente de FEBA, Camilo Alberto Kahale.
Cabe recordar que, al mismo tiempo, las empresas reclaman a los jueces de trabajo que no apliquen “a mansalva” la doctrina Barrios planteada por la Suprema Corte que introduce a la variable de la inflación en los juicios de trabajo y declara inconstitucional a la prohibición de indexar indemnizaciones.
Si bien, el gobierno de Axel Kicillof optó por no anticiparse y dejar que se desencadenen las discusiones en el Senado, hay un especial interés en las entidades que representan a las empresas sobre la eventual postura que tendrá el Ejecutivo a la hora de reglamentar o no la norma en caso en que se convierta en ley.
Por lo pronto, el bloque de Unión por la Patria no parece desentenderse de su proyecto. En diálogo con la AM1270, la senadora de Unión por la Patria Teresa García fue tajante: «Nosotros nos paramos en el lugar de los trabajadores. Hay algunos que litigaron 7 años y el día que fueron a cobrar, cobraron nada» y recordó que «los trabajadores bonaerenses cobrar 40% menos que los de CABA».
En esa línea, reconoció haber discutido con las pymes, quienes plantearon que tendrían que cerrar por esta iniciativa. «No es así, cerrarían porque les llega una factura de luz de 2 millones de pesos», aseveró García.