En una sesión corta y armoniosa, luego del consenso entre el oficialismo y la oposición, la Cámara de Diputados dio media sanción -por 222 votos afirmativos, ninguno negativo y una abstención- a la ley de emergencia alimentaria para dar respuesta a la crisis económica y social que afecta a los sectores más desfavorecidos de la población, acelerada tras las devaluación del último mes.
Ahora, la norma deberá pasar a la Cámara alta y si bien no está confirmado la sesión desde distintos bloques anticiparon que podría tratarse el próximo miércoles.
Mientras en los alrededores del Parlamento militantes de organizaciones sociales se manifestaron por la aprobación, el oficialismo llegó al recinto con la voluntad de dar el debate y los votos para que la iniciativa superara con éxito el trámite legislativo en la Cámara baja y obtener la media sanción.
El proyecto de emergencia alimentaria no fue debatido en comisiones por lo tanto necesitó del voto de los dos tercios de los presentes para poder ser debatido sobre tablas.
«Esta ley, que entiendo vamos a aprobar, reasigna partidas presupuestarias y permite al Estado acelerar la compra de alimentos. Es un plan que plantea poner un piso ante esta situación social difícil», sostuvo el diputado Daniel Arroyo, de Red por Argentina.
Héctor «Toty» Flores, de la Coalición Cívica anticipó que su bloque acompañará la iniciativa, pero recordó que este Gobierno «fue el que más aumentó las partidas sociales» y dijo que «la Argentina sale de esta decadencia trabajando».
A su turno, Carlos Castagnetto del FpV, «este proyecto de ley surge porque el gobierno no quiere ver la realidad de los comedores comunitarios». «Queremos agradecer al oficialismo que nos acompaña en esta media sanción, pero queremos aclarar que este proyecto no es al azar», agregó.
El diputado justicialista, Juan José Bahillo, expresó la inquietud de las provincias y solicitó que las partidas que aumente la ley lleguen a todos los distritos. Así solicitó la inclusión de un artículo en la ley para que los fondos sean coparticipables.
Cecilia Moreau del Frente Renovador, «Solo este año dos millones de personas cayeron bajo la línea de pobreza. Está bien que haya números, pero con esto no alcanza. Hay que poner el cuerpo. Nunca se sentaron con los supermercadistas para regular los precios. En la Argentina hay hambre, no porque falten alimentos, sino porque sobra inmoralidad».
El diputado del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, uno de los impulsores de la emergencia alimentaria, indicó: «Estamos planteando esta ley porque el país está en emergencia. Cualquier política pública para combatir el hambre llega tarde. Algunos se regodean por dar quórum o hablan de que esta ley es un problema fiscal, esto es un problema de fondo que hay que solucionar».
«Llegamos hasta acá con la unidad de todas las bancadas opositoras. El hambre del pueblo no puede ser la variable de ajuste. Quiero decirle a Pichetto que tiene razón esto no es Biafra, esto es la Argentina de Mauricio Macri», concluyó.
Desde la semana pasada cuando brindaron la conferencia de prensa junto a los movimientos sociales, la intención de la oposición era que Cambiemos sacara la emergencia alimentaria por decreto. Bajo ese argumento, amenazaban a sus pares con el llamado a una sesión especial –que finalmente se concretó- si es que el Gobierno no accedía al reclamo de las organizaciones.
Sin embargo, en el oficialismo hubo un giro y pasaron de rechazar de plano la iniciativa, a dejar que el debate avance y discutir el articulado en el recinto para evitar el mayor costo fiscal para el oficialismo.
La iniciativa que prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional y que propone aumentar en un 50% las partidas presupuestarias vigentes en 2019 correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición fue consensuada entre los bloques opositores y lleva las firmas de diputados del Frente de Todos, del Bloque Justicialista, del Frente Renovador, de los puntanos de Unidad Justicialista y los misioneros del Frente Renovador de la Concordia.
Además, faculta al jefe de Gabinete a actualizarlas trimestralmente, tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el rubro «alimentos y bebidas no alcohólicas» y la de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC y habilita al Poder Ejecutivo a «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional».
Los legisladores del Frente de Izquierda, en tanto, intentarán debatir su propio paquete de leyes que incluye también la prohibición de despidos, el aumento de los salarios y las jubilaciones.
Este miércoles, la Oficina de Presupuesto del Congreso emitió un informe sobre el impacto fiscal de la iniciativa en la que determinó que si el incremento se calcula sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $10.489 millones. En tanto, si el incremento se calcula sobre los saldos de crédito no ejecutados al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $4.061 millones.