«Nada resuelto aún, y es algo que todavía puede demorar varias semanas», dijo uno de los participantes de la reunión realizada en el despacho de Marcos Peña a la que asistieron el ministro de Hacienda y Finanzas Nicolás Dujovne, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
Durante el encuentro, se enfrió la posibilidad del traspaso de Edesur, Edenor y AySA de la jurisdicción del Estado nacional a la Ciudad y la Provincia, que fue puesta en la agenda por impulso de los gobernadores ante el pedido del Gobierno de revisar sus cuentas para reducir el déficit en 2019, y los mandatarios provinciales encontraron un argumento para devolver la pelota.
Antes de discutirlo oficialmente con los mandatarios provinciales peronistas, el jefe de Gabinete tomó la decisión de negociarlo hacia adentro de Cambiemos, discutiendo los caminos a seguir con Vidal y Rodríguez Larreta, además de los ministros de Economía de cada uno de los distritos, Hernán Lacunza y Martín Mura. También participó el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai.
Es muy probable que los subsidios al transporte se incluyan en la discusión, ya que el Estado nacional también se hace cargo de estas partidas no solo en el AMBA, sino en todo el país. Con toda esa información sobre la mesa, el Gobierno empezará a consensuar el Presupuesto 2019 con cada uno de los gobernadores. Obviamente, luego de iniciado el proceso de recuperación del Fondo del Conurbano, Vidal está especialmente preocupada por no volver a desfinanciar las arcas provinciales, y recibió el apoyo de intendentes peronistas a tales efectos.
A Dujovne le interesa reducir los costos del Estado nacional al máximo posible, porque así es el compromiso que tomó con el FMI. Si además de los subsidios que existen a la generación de energía de Capital y Buenos Aires, se incluyen los aportes que hace en el mismo rubro en varias provincias, habría un nuevo espacio de negociación.
Expertos en la materia de servicios consideran «absolutamente razonable» que pasen a las jurisdicciones locales, como sucede con todas las empresas eléctricas y de agua del país, «pero aún no hay redactado ningún proyecto, nadie explicó bajo qué marco regulatorio continuarán operando, ni mucho menos si continuará el mismo organismo regulador (en el caso de las eléctricas, el ENRE), o habrá dos».
Fuentes oficiales aseguraron que el traspaso de AySA se dejaría a un costado, primero porque los costos operativos están cubiertos y segundo porque el gran peso que tiene en el Presupuesto es por grandes obras de infraestructura muy difíciles de financiar por intendencias y provincias. Es el caso del «Colector Margen Izquierdo» que se está realizando en el Dock Sud, la obra más grande que se está llevando adelante en este momento en la Argentina (y la más grande que financia el Banco Mundial en el mundo), que permitirá darle cloacas a más de 4 millones de personas y evitar que los desechos lleguen al Riachuelo.
El martes en el Congreso, el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, dijo que AySA «solo recibe subsidios para realizar obras en todo el país, aproximadamente unos $15.000 millones». En el ejercicio 2017 el presupuesto para AySA superaba los $20.000 millones de pesos, pero la empresa emitió un bono por $500 millones de dólares para financiarse, que le permitió reducir el subsidio del Estado nacional.