El bloque del PRO en la Cámara de Diputados presentó un proyecto para obligar al ministro de Gobierno provincial a concurrir de forma trimestral y alternada a la Legislatura para brindar un informe de gestión, emulando el modelo del jefe de Gabinete nacional. El trasfondo de una exigencia histórica: hace 26 años que un ministro del Ejecutivo no da explicaciones formales en el recinto.
La dinámica de la política bonaerense suele tener al Poder Ejecutivo trabajando lejos de los micrófonos del parlamento. Sin embargo, un nuevo proyecto ingresado en la Cámara de Diputados promete encender el avispero y poner bajo los reflectores al principal armador político, y hombre confianza, de Axel Kicillof, Carlos Bianco.
Impulsada por legisladores del bloque PRO (con firmas de María Paula Bustos, Natalia Blanco, Alejandro Rabinovich, entre otros), la iniciativa propone instaurar la concurrencia trimestral y obligatoria del ministro de Gobierno a la Legislatura bonaerense, con el objetivo de rendir cuentas sobre el estado de la Provincia y someterse a las preguntas de la oposición.
Se trata de una maniobra legislativa que, según consigna Infocielo busca llenar un vacío normativo histórico en la Provincia, emulando la dinámica constitucional que rige en el Congreso Nacional con el jefe de Gabinete, pero adaptada al funcionario que hoy oficia como principal puente con los 135 intendentes.
La letra chica del proyecto busca incorporar un inciso al artículo 25 de la Ley de Ministerios (15.477) para institucionalizar este mecanismo de rendición de cuentas, evitando que la asistencia de los funcionarios dependa de la buena voluntad del Gobernador.
Para garantizar el cumplimiento, el ministro de Gobierno deberá asistir obligatoriamente una vez cada tres meses, alternando su presencia entre la Cámara de Diputados y el Senado. Su exposición no podrá ser improvisada: el texto lo obliga a detallar, como mínimo, el estado de la gestión política con los municipios; la situación de las empresas del Estado; la ejecución presupuestaria; los fondos transferidos a las comunas y las acciones en materia electoral.
Para evitar que la visita se transforme en un monólogo oficialista interminable, el PRO ideó un estricto “reloj” parlamentario. El funcionario tendrá un máximo de 30 minutos para su exposición inicial. Posteriormente, los bloques contarán con dos horas para formular preguntas, las cuales deberán ser respondidas en el acto o por escrito en un plazo no mayor a 10 días.
¿Qué pasa si el ministro decide pegar el faltazo? La ley prevé sanciones concretas: si incumple y no asiste a dos sesiones consecutivas, se lo castigará con una multa equivalente a 20 haberes mensuales mínimos de la Administración Pública Provincial.