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Gray insiste en la vía judicial: un fiscal aceptó su pedido para anular el llamado a elecciones del PJ bonaerense

El jefe comunal alegó que adelantar las elecciones «resulta irrazonable y arbitrario».

El fiscal federal Guillermo Ferrara pidió al juez con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, que haga lugar al pedido del intendente de Esteban Echeverría y vicepresidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, y suspenda las elecciones internas anticipadas del partido.

El fiscal subrogante a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 ante el Juzgado Federal con competencia electoral realizó una presentación en la que avaló la postura de Gray por considerar que no hay razones fundadas para adelantar los comicios internos para el 2 de mayo próximo.

A pesar de que Ramos Padilla y la Cámara Nacional Electoral ya rechazaron un amparo presentado por el intendente de Esteban Echeverría, Gray insiste en su planteo y continúa resistiendo la llegada del diputado nacional Máximo Kirchner a la presidencia del PJ bonaerense.

En su presentación, el fiscal Ferrara sostuvo que «el argumento de que se adelantaron las elecciones porque no resulta lo más conveniente para los afiliados realizarlos a fin de año resulta irrazonable y arbitrario al contraponerse al derecho que tienen las autoridades de la vigencia de su mandato y a ser evaluados -por los afiliados- por el periodo completo de su mandato».

«El argumento de que se adelantaron las elecciones porque no resulta lo más conveniente para los afiliados realizarlos a fin de año resulta irrazonable y arbitrario al contraponerse al derecho que tienen las autoridades de la vigencia de su mandato y a ser evaluados -por los afiliados- por el periodo completo de su mandato»

De esta manera, el funcionario del Ministerio Público Fiscal resaltó el argumento de Gray basado en que su mandato y el del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez -con quien se turna en la presidencia del partido- debe continuar, como estaba previsto hasta diciembre.

Ferrara sostuvo en el escrito que «las autoridades designadas por un período determinado tienen el derecho de ejercer el cargo en ese lapso, pero también el derecho que los afiliados valoren su labor partidaria durante el mismo periodo». «Al adelantarse siete meses las elecciones, las autoridades con mandato vigente tendrían menos tiempo en el cargo y menos tiempo para que los afiliados valoren su trabajo», agregó el fiscal.

La decisión de adelantar las elecciones internas fue tomada por el consejo del PJ el pasado 27 de febrero, con el fin de que el jefe del bloque de diputados nacional del Frente de Todos asuma la presidencia del partido como cabeza de una lista única y de consenso.

Para ello, el líder de La Cámpora tejió un acuerdo con varios intendentes y dirigentes de distintas vertientes del peronismo que dejó a Gray oponiéndose al adelantamiento de los comicios internos casi en soledad. El 23 de marzo pasado la Cámara Nacional Electoral, en un fallo dividido, rechazó la medida cautelar que había presentado Gray con el objetivo de suspender la elección de autoridades de mayo.

Los jueces Santiago Corcuera y Daniel Bejas señalaron: «El Tribunal considera que ´prima facie´ no hay verosimilitud del derecho en el actual estado de la causa que justifique el dictado de una medida precautoria». «La manifiesta ilegalidad del acto cuestionado no aparece a primera vista configurada, es decir sin que sea necesario entrar al estudio del fondo de la cuestión que constituye la materia controvertida en autos situación pandemia», agregaron.

Y es que uno de los argumentos de Gray en contra de la convocatoria fue que se realizó por modalidad mixta -presencial y remota- y que ello generó complicaciones en la votación, pero Corcuera y Bejas recordaron en su fallo que la Cámara había avalado el uso de medios electrónicos para los órganos partidarios en pandemia. Por su parte, el juez Alberto Dalla Vía apoyó la moción de Gray y consideró que sí debía suspenderse la convocatoria a elecciones: «El adelantamiento de los comicios internos a celebrarse siete meses y medio antes de que finalicen los mandatos de las autoridades vigentes, se vería afectado su derecho en el ejercicio del cargo».

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