A menos de un año del cierre de listas para las PASO de 2019, la Justicia electoral ordenó al Congreso nacional que defina una nueva integración de la Cámara de Diputados por falta de representatividad real según la cantidad de habitantes de cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires.
A través de un fallo inédito, la Cámara Nacional Electoral (CNE) reclamó la actualización del reparto de las 257 bancas actuales de la cámara baja. Sin dar directrices específicas, los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera exigieron a las autoridades del Parlamento la reconfiguración de las representaciones.
Según la sentencia, los cambios deberán respetar el Artículo 45 de la Constitución, que establece que luego de cada censo nacional, se debe readaptar la fórmula de representatividad en función de la población que tiene cada distrito.
En su fallo, los dos jueces señalaron que la Cámara baja es la rama del Congreso que los constituyentes organizaron para que fuese «el mapa político del país» o el «espejo de la Nación», donde se reflejan todos los matices de la opinión pública, con la variedad heterogénea que la caracteriza. Por esto, «tomaron como principio de representación en ella, la población, la colectividad compleja de los habitantes de las provincias y de la capital. Buscaban, pues, establecer una vinculación íntima y permanente entre representados y representantes, para que estos pudieran ser algo así como la Nación misma personificada en ellos».
Desde la CNE aclararon que bajo este principio, los jueces explicaron que «cuanto más exacta sea la relación entre la población de la República y el número de sus diputados, más fielmente se respetará el sabio plan de organización del Poder Legislativo adoptado por la Constitución argentina».
La actual composición de Diputados está basada en los datos del censo de 1980, realizado hace 38 años, con lo cual, según la Justicia, resulta «anacrónico». El reclamo judicial fue promovido por los dirigentes del partido Encuentro Vecinal Córdoba, los abogados Aurelio Francisco García Elorrio y Álvaro Zamora Consigli.
En el escrito, señalaron además que el término constitucional «fijará» indica una concreta obligación de actuar del Congreso, que pesa como un mandato distinto de la obligación genérica de legislar. De allí, se desprende que corresponde una actualización de la representación según el último censo, realizado en 2010.
Sin embargo, los propios camaristas aclararon que la modificación «no necesariamente habría de variar en mucho» el número de diputados actuales, sin incrementar los fondos. «El Congreso podría elevar la base de cálculo, lo que denota lo innecesario de la modificación en la partida presupuestaria correspondiente para solventar el gasto que implicaría la puesta en función de los eventuales nuevos cargos», enfatizaron.