En la mañana de este martes, cuando se realizaba una asamblea en el barrio porteño de Villa Urquiza, la Policía Federal irrumpió en Av. Triunvirato N° 4766 donde funciona el centro comunitario-
Cuando los agentes federales quisieron tapiar el local de la calle Triunvirato y Roosevelt, impidiendo a los vecinos retirar los materiales del interior, se logró mediante Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad abrir un nuevo canal de diálogo, posponiendo el desalojo un mes, momento en el que las partes deberán acordar sentarse a una nueva mesa de negociaciones.
En junio de 2002, los vecinos del barrio recuperaron un inmueble del Estado Nacional completamente abandonado, donde anteriormente funcionaba una pizzería, el inmueble está ubicado en la Av. Triunvirato N° 4766, entre la Av. Roosvelt y la vía de la estación General Urquiza de la Línea Gral. Mitre, y lo convirtieron en un centro comunitario.
Este centro comunitario es gestionado por la asamblea de Vecinos de Villa Urquiza.
En el centro, funcionan actualmente talleres artísticos gratuitos, se realizan diversas actividades culturales y educativas. Como el Bachillerato Popular «Berta Caceres», reconocido por la ciudad.
En la denuncia que realizan los vecinos, explica que «la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.) inició juicio de desalojo fundándose en la Ley N° 17.091 sancionada en el año 1966. Esta ley estaba tenía por objeto autorizar desalojos sumarios en caso de concesión de inmuebles de propiedad del Estado que estuviesen destinados principalmente a actividades lucrativas».
Y continúa «La Asamblea de Villa Urquiza no era concesionaria del Estado Nacional ni realiza actividades lucrativas.» por lo tanto no corresponde la aplicación de esa ley y «la orden de desalojo sin brindar derecho de defensa constituye una violación grave de los derechos de la Asamblea y de cada uno de sus integrantes. En la sentencia dictada por el Juez ERNESTO MARINELLI, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, que ordena el desalojo se expresa que la decisión judicial fue adoptada «sin más trámite» e «inaudita parte»».
Pasado el mediodía, el Defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, pudo hablar con la oficial de Justicia a cargo del operativo por considerar «ilegal» el desalojo, al ampararse en una ley de la dictadura.