Por Matías David abogado, referente Libertario, secretario General de Nueva Generación Libertaria
Frente a la crisis, el intendente Fernando Moreira elige el camino de la crítica permanente al Gobierno Nacional, pero evade su propia responsabilidad: no presenta planes concretos, depende exclusivamente de recursos externos y deja al distrito sin respuestas estructurales. Lejos de la imagen que difunde, la administración local no ha sabido adaptarse, mientras que el gobierno nacional avanza en un ordenamiento necesario que elude las miradas cortas.
Un discurso que busca chivos expiatorios en lugar de soluciones
Una y otra vez, Fernando Moreira estructura su relato sobre un mismo eje: todo lo que ocurre en San Martín, desde el cierre de pymes hasta la caída del consumo, tiene una única causa: las políticas del Gobierno Nacional. En sus declaraciones no hay matices, ni autocrítica, ni reconocimiento de que su propia administración tiene herramientas, margen de maniobra y responsabilidades indelegables sobre lo que sucede en su territorio.
Describe un escenario desolador: industria que se apaga, comercios que bajan sus persianas, familias endeudadas. Todo eso es real y doloroso. Pero lo que el intendente omite es que su gestión ha actuado como mero espectador, sin implementar programas locales de apoyo al sector productivo, sin agilizar trámites para las empresas, sin generar incentivos fiscales propios para frenar el desempleo. Convierte al municipio en una víctima pasiva, cuando su rol debería ser el de un actor activo que mitiga los efectos de cualquier contexto adverso.
La falacia del «abandono» nacional frente a la realidad del ajuste necesario
Moreira denuncia que la Nación se retiró de la obra pública, de los convenios de salud, del Plan Remediar o de la asistencia alimentaria. Presenta esto como una decisión arbitraria, pero omite explicar a sus vecinos que el país atraviesa una crisis fiscal heredada, profunda y estructural, que obligó a reordenar prioridades y terminar con gastos que el Estado no podía sostener.
El Gobierno Nacional no se ha retirado por capricho, sino que está llevando adelante una reestructuración imprescindible para devolverle sostenibilidad a la economía argentina. Lo que Moreira califica como «abandono» es, en realidad, el fin de prácticas que muchas veces funcionaban como mecanismos clientelares o dependencias financieras que los municipios, como el suyo, nunca se preocuparon por sustituir o complementar con recursos propios genuinos.
El intendente se queja de que la coparticipación baja, pero no dice que los recursos nacionales se reducen porque la base económica del país se estaba contrayendo por años de desmanejo fiscal. Ignora que la reconstrucción del Estado nacional es un paso previo para que, en el futuro, haya recursos estables para todos los niveles de gobierno.
Una obra pública lenta, incierta y sin planificación local
En materia de infraestructura, el balance de la gestión Moreira es preocupante. El paso bajo nivel de Pedriel, la finalización de la Avenida Márquez: son promesas que se sostienen sobre la espera de fondos provinciales o nacionales, sin plazos firmes ni garantías de ejecución. La única novedad es la reinauguración del Centro Infantil Belgrano, un hecho positivo que queda aislado en un panorama general de estancamiento.
El resto se resume en «políticas de mantenimiento», una expresión que revela falta de iniciativa y de una visión de desarrollo a mediano plazo. El intendente no ha sido capaz de diseñar una cartera de proyectos priorizados, con fuentes de financiamiento diversificadas ni mecanismos de ejecución ágiles para tiempos de crisis. San Martín sigue dependiendo de lo que llegue de afuera, sin capacidad de generar obra con recursos propios, demostrando una nula autonomía de gestión.
Recaudación, transparencia y la carga sobre el vecino
Moreira admite que la recaudación municipal está mal, pero no rinde cuentas sobre cómo se administran los ingresos que sí percibe. No hay explicaciones sobre la eficiencia en el gasto corriente, la estructura del personal municipal o la priorización de partidas ante la nueva realidad.
Ante el aumento de la demanda social —por la crisis económica generalizada— su respuesta es señalar que «casi solos» abastecen comedores y centros de salud. Sin embargo, no se conoce un plan de reestructuración interna para reforzar estas áreas, ni campañas de transparencia que detallen cómo se distribuyen los recursos de origen provincial o municipal que llegan a asistencia. La queja sobre la carga que recae en el municipio no viene acompañada de rendición de cuentas sobre cómo se usa cada peso que se le cobra al vecino a través de tasas y contribuciones.
El discurso político por encima de la gestión
Llama la atención que, en medio de una crisis tan profunda, el intendente dedique buena parte de sus declaraciones a analizar la interna del peronismo, respaldar figuras provinciales y proyectar escenarios electorales para 2027. Esa prioridad evidencia una preocupación más fuerte por la supervivencia política partidaria que por resolver los problemas cotidianos de San Martín.
Advierte sobre el peligro que corre el «Estado municipal como lo concebimos». Pero lo que está en juego no es solo una estructura, sino la calidad de vida de los vecinos. Y esa advertencia suena a justificación anticipada de su propio fracaso: si todo sale mal, la culpa será siempre de «los de arriba», nunca de quien gobierna el distrito día a día.
El Gobierno Nacional: ordenar para sanar
Frente a esta postura defensiva y reclamo permanente, es justo reconocer que la gestión nacional asume la difícil tarea de poner orden en una economía desequilibrada. Sus medidas, aunque duras en el corto plazo, buscan restaurar la confianza, eliminar privilegios y devolver institucionalidad a la administración pública.
El gobierno no evade la responsabilidad; al contrario, toma decisiones que otros postergaron durante años. La reasignación de roles y recursos busca un sistema más justo y sustentable para todos los argentinos. Atacar estas políticas sin analizar el contexto de emergencia nacional es una forma de corta visión que impide comprender que sin un país sano, no hay municipios que puedan prosperar.
Fernando Moreira ha demostrado que sabe describir la crisis, pero no sabe gobernar en ella. Convierte al municipio en una isla de lamentos, espera pasivamente ayuda externa y construye su imagen pública sobre la base de la crítica constante al gobierno de turno.
La resistencia que proclama no es una estrategia de gobierno; es la admisión de su propia impotencia. San Martín necesita un intendente que no solo denuncie lo que pasa en la Nación, sino que trabaje sobre lo que sí está a su alcance: ordenar la casa local, proteger a su gente con hechos, priorizar la obra necesaria y ser transparente en la gestión.
El Gobierno Nacional enfrenta el desafío mayor de reconstruir el país. Los intendentes, por su parte, tienen la obligación de gestionar sus distritos con autonomía, responsabilidad y sin convertir la crisis en una excusa eterna para no dar resultados.