Así lo reveló la oposición, tras el envío del Presupuesto 2027. La iniciativa establece que el nomenclador de prestaciones básicas “no incluirá valores universales”, cambia la fórmula de actualización y endurece el acceso del beneficio
El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el gobierno de Javier Milei impulsa un cambio de fondo en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. La propuesta abarca la derogación de varios artículos de la ley de emergencia en discapacidad y otros aspectos históricos del régimen que está vigente desde hace más de 30 años.
El corazón de la reforma apunta a desregular el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que ya “no incluirá valores universales”, señala la redacción del presupuesto. Es decir, perderá fuerza el listado con aranceles obligatorios de referencia para obras sociales, prepagas y prestadores que atienden a personas con discapacidad. Al eliminar los aranceles comunes, las familias afectadas probablemente tengan que negociar el valor de las terapias, tratamientos y otros servicios.
El otro punto fundamental es que se propone volver al esquema de pensión por invalidez, por el cual el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no será garantía de acceso a las prestaciones. Tampoco se podrá percibir este beneficio si alguien cuenta con un empleo registrado.
La motosierra al andamiaje legal aparece en el Capítulo VI del Presupuesto 2027, donde los artículos 36 a 41 sustituyen o derogan aspectos clave de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, y modifican en forma permanente las leyes 13.478, que regulan las pensiones no contributivas por invalidez labora; y 24.901, que crea el sistema de prestaciones básicas de atención integral a la discapacidad, que rige desde 1997.
“El nuevo texto elimina dos principios fundamentales: que los aranceles sean iguales para todas las obras sociales, prepagas y el Estado, y que esos aranceles se actualicen automáticamente mediante el índice de movilidad jubilatoria. Ahora establecen expresamente que ‘la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles’, advirtió el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.
De esta forma, como consigna infobae, si bien la iniciativa garantiza formalmente “la universalidad de la atención” del sistema de prestaciones, la modificación desregula los aranceles obligatorios y “las modalidades de financiamiento”. Se lo reemplaza por un “piso mínimo prestacional común, definido por estándares de calidad, oportunidad y adecuación de la prestación”. Además, cada obra social o prepaga podrá definir valores y cubrir las terapias que quiera, según se desprende del proyecto en el análisis de la oposición.
“En criollo, eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto para prestadores y personas con discapacidad”, cuestionó Ferraro desde su cuenta personal de X. “Toda esta crueldad, mientras el sector atraviesa una emergencia reconocida por ley, con instituciones al borde del cierre, prestaciones desactualizadas y miles de familias a la deriva”, apuntó.
La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo y activista de los derechos por personas con discapacidad, defendió el nomenclador porque favorece la igualdad de acceso en las prestaciones, y alertó que “es letal la desregulación del nomenclador único”. “En la escuela especial a la que asiste mi hijo, conviven familias con obras sociales pequeñas y otras con prepagas carísimas, porque todas están obligadas a pagar lo mismo. Desregulando eso cada persona va a tener que arreglar con su obra social, tipo paritarias, el costo de los tratamientos”, lamentó en declaraciones a radio Con Vos.