La iniciativa abarca a todos los servicios públicos pero en especial al sanitario y alcanza a los extranjeros que revistan la condición de “residentes temporales”, “residentes transitorios” y “residentes precarios”.
Desde el bloque de Avanza Libertad en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires presentaron un proyecto de ley para que los extranjeros que residan de forma temporaria en suelo bonaerense abonen por el acceso a los servicios públicos, en particular lo referido a la salud pública.
La iniciativa, que pertenece al diputado libertario Nahuel Sotelo, alcanza a los inmigrantes que revistan la condición de “residentes temporales”, “residentes transitorios” y “residentes precarios”. Distinta es la situación para los extranjeros que residen de forma permanente, quienes tendrán aseguradas “las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales”.
En este sentido, en el articulado se expresa que “a los fines de garantizar la atención en los centros de salud pública el interesado deberá contar con los medios económicos por sí o satisfacer las erogaciones debidas por medio de la ejecución del seguro de salud”, y que será el Poder Ejecutivo el encargado de fijar tasas retributivas o aranceles que serán abonados por el seguro de salud o por el interesado.
Además, se explica que de acordarse un turno médico, el mismo deberá ser abonado por anticipado al momento de la reserva, y se aclara que en caso de emergencia “no podrá negársele o restringir el acceso al derecho a la salud o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”.
“Si el acceso al servicio público de salud es urgente, grave o existe riesgo de muerte, el Estado provincial arbitrará los medios necesarios a fin de percibir económicamente los gastos ocasionados con posterioridad”, se añadió al respecto.
Los fundamentos
Al argumentarse el polémico proyecto se resaltaron los “cientos de problemas” que atraviesa el Sistema de Salud provincial en cuanto a “insumos, infraestructura y demoras en la atención a nuestros ciudadanos”.
Ante dicho contexto, se sostiene que “es imperante la necesidad de instrumentar mecanismos colaborativos al sistema sanitario provincial”, remarcando los casos en que a ciudadanos argentinos en otros países se les negó el acceso a la atención sanitaria.
Y en contrapartida se subrayó que “mientras que, en nuestro país, en nuestra provincia se le garantiza el acceso a la salud a cualquier persona extranjera que así lo requiera, muchas veces en perjuicio de los mismos ciudadanos argentinos que en ocasiones, no reciben trato prioritario ni siquiera en hospitales de nuestra provincia. Siendo que la salud pública es financiada en su conjunto por los ciudadanos argentinos”.
Por último se aclaró que “esta ley no viene a quitar derechos a las personas extranjeras, bajo ningún punto de vista se podría afirmar que esta ley quita el derecho de acceso a la salud a persona alguna, ya que no se puede negar o restringir el acceso en ningún caso, solo se pide que se arbitren las formas necesarias para cubrir el gasto ocasionado”.