El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó un informe realizado por la Gendarmería Nacional ante el Poder Judicial. El mismo analiza las diferentes responsabilidades en la represión que desencadenó la muerte de Santiago Maldonado.
El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó un informe realizado por la Gendarmería Nacional ante el Poder Judicial, en el que analiza las diferentes responsabilidades en la represión que desencadenó la muerte de Santiago Maldonado. El mismo apunta principalmente contra Pablo Nocetti, el entonces Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad y hombre de confianza de la exministra Patricia Bullrich.
El informe es un trabajo de 7 meses de investigación realizado por la Gendarmería Nacional, que fue presentado ante el Poder Judicial por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación. El mismo analiza detalladamente las diferentes responsabilidades en la represión desatada sobre la Ruta Nacional 40 aquel primero de agosto de 2017, en la que murió Santiago Maldonado.
Según el minucioso documento de más de 600 fojas, uno de cuyos objetivos es la búsqueda de la verdad más allá de la actividad de la Justicia, se pretende que la investigación de lo ocurrido arroje elementos que permitan el estudio del caso también con finalidades formativas y doctrinarias.
Además, que destaquen protocolos y procedimientos pertinentes y subrayen errores, negligencias e imprudencias que deben evitarse, no sólo en defensa de la vida y la propiedad de los habitantes, sino también en defensa del bienestar, la integridad y la carrera de los miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, poniéndolos a salvo de conductas que los puedan comprometer disciplinaria y legalmente.
A priori, el informe denuncia:
– A Pablo Nocetti, el entonces Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad
– A Gerardo Otero, ex Director de la Gendarmería Nacional Argentina
– Al Comandante General Ernesto Oscar Robino, ex Subdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina
Como autores, coautores o partícipes por la presunta comisión de delitos de acción pública tipificados en los artículos 45 y ss., 54 y ss., 77, 241 inc.2º, 246 inc. 3º, 248, 249, 277 inc.1º a) y 3º d) y 279 inc. 3º del Código Penal de la Nación.
El informe, además, establece un conjunto de responsabilidades dentro de la Gendarmería Nacional que alcanza:
– Al comandante mayor Diego Conrado Héctor Balardi, jefe del operativo de despeje de la ruta nacional 40, quien se retiró de la zona dejando la responsabilidad del operativo en oficiales jefes de menor jerarquía, demostrando falta de mando, compromiso y de responsabilidad con la misión encomendada.
– Al comandante principal Fabián Arturo Méndez, jefe del Escuadrón 35 El Bolsón, quien, designado por Balardi como responsable de las acciones, se ausentó de la zona del corte, dejando al personal y las operaciones al mando de un oficial de menor jerarquía y de ajena jurisdicción, lo que derivó, posteriormente, en un accionar intempestivo, desorganizado e inadecuado.
– Al comandante principal Juan Pablo Escola, quien evitó informar al juez federal competente y al jefe del operativo sobre la situación en el terreno y por haber ordenado, en forma intempestiva y apresurada, que el escaso y mal equipado personal que había quedado a su cargo interviniera en el despeje de la ruta poniendo en peligro la seguridad de los mismos y de los manifestantes.
Según el documento, Escola ordenó “el uso, en forma peligrosa, de una camioneta Ford Ranger, de escopetas con munición antitumulto, como así también el ingreso al campo contiguo al corte para de esa forma detener a los manifestantes, involucrando a personal no idóneo ni equipado que, por eso, se vio desbordado por la situación, actuando en forma desorganizada y confusa”.
A su vez, el trabajo, cuyos resultados llevan la firma de Andrés Severino y de Javier Lapalma, muestra que las órdenes de Noceti, avaladas por las autoridades de la GNA de 2017, y los procedimientos internos de la GNA realizados en aquel momento, constituyeron una “ingeniería jurídica de la impunidad” destinada a ocultar las irregularidades e ilegalidades cometidas en el operativo.
Por otro lado, la investigación muestra que, atravesadas por imprudencia, inoportunidad, impericia, e ineficacia, las acciones represivas de 2017 carecieron de proporcionalidad y de racionalidad para el inicio de un operativo de despeje, que no solo fue desmedido e inoportuno, sino que se indicaron procedimientos falsamente protocolares y declaradamente ilegales.
Para concluir, el informe detalla que, si bien en 2017 se realizó una breve “investigación interna” de los hechos, las autoridades de entonces de la Gendarmería evitaron que se conocieran los detalles de la actuación de esa fuerza durante el operativo –generando, al menos por ahora, la situación de cosa juzgada-. Por lo tanto, los juzgados Federales deberán deslindar o establecer las responsabilidades penales del caso.