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Tres de Febrero: identificaron a 18 alumnos por las amenazas de bomba y denunciarán a sus padres

El municipio que gobierna Diego Valenzuela logró dar con los responsables de las intimidaciones que obligaron a interrumpir varias jornadas escolares en el distrito.

En sintonía con la decisión del Gobierno de la Provincia de aplicar la «persecución penal» de quienes amenacen a escuelas, Tres de Febrero viene trabajando con la fiscalía de San Martín y ya logró identificar a 18 alumnos como responsables de las últimas intimidaciones en colegios de ese distrito.

Así lo confirmó el intendente Diego Valenzuela, quien explicó que a partir de ahora el Estado municipal demandará a los responsables, sus padres o tutores por «daños y perjuicios». Según explicó Valenzuela, en caso de que se trate de personas menores, los padres serán responsables de quienes estén vinculados a estos llamados amenazantes.

«La fiscalía hizo su trabajo. Realizó allanamientos en varios domicilios, secuestró teléfonos y hubo un menor demorado durante cinco días», contó el intendente en diálogo con FM Latina.

«Hay una cantidad especificada de personas que estarían involucrados directamente con estas llamadas, que fueron citados a fiscalía. Se hizo una charla con trabajadores sociales, pero nada de esto ha desalentado la continuidad de estas llamadas, que si bien terminan siendo falsas alarmas de amenaza de bomba, son atentados contra la seguridad pública», señaló.

Según detalló Valenzuela, el distrito recibió en el último tiempo un total de 126 amenazas en el ámbito estatal y 40 en escuelas privadas.

«Es un gran perjuicio para la comunidad educativa», sostuvo Valenzuela.

«Por eso pedí a la Justicia que se identifique a los autores y a partir de esa información iniciar un juicio civil por daños y perjuicios contra el Estado municipal por todos los gastos que estos operativos le demandan a las arcas del municipio. Una vez que la fiscalía identifique a los autores, si estos fueran menores, nosotros haremos el juicio civil contra los padres o representantes de estas personas», explicó.

La causa quedó radicada en el juzgado civil y comercial número 11.

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