El gobernador bonaerense cargó contra el presidente de la nación tras la media sanción en Diputados y adelantó que la Provincia analiza acudir a la Justicia. La medida impactaría en millones de usuarios y podría provocar fuertes aumentos en las facturas de gas.
La tensión entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo luego de que Axel Kicillof confirmara que acudirá a la Justicia para frenar la reforma del régimen de Zonas Frías que obtuvo media sanción producto de la sesión que se realizó esta semana en la Cámara de Diputados nacional. El mandatario bonaerense cuestionó el proyecto impulsado por Javier Milei, denunció que contiene “partes ilegales” y advirtió que, de convertirse en ley, afectará a millones de usuarios con fuertes aumentos en las tarifas de gas.
La iniciativa obtuvo media sanción en la madrugada del jueves tras una extensa sesión en Diputados y contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. El proyecto propone reducir el alcance del esquema de subsidios energéticos y volver al régimen original de 2002, focalizado principalmente en la Patagonia, Malargüe y la Puna, dejando afuera a decenas de municipios incorporados en la ampliación de 2021.
En territorio bonaerense, el impacto sería significativo. Según estimaciones difundidas por sectores provinciales, alrededor de 1,2 millones de hogares distribuidos en 94 municipios perderían el beneficio tarifario, lo que implicaría subas directas en las boletas de gas en plena antesala del invierno. Distritos del interior y de la costa atlántica aparecen entre los más afectados por la posible eliminación de los descuentos.
Desde Florencio Varela, donde encabezó actividades oficiales, Kicillof cargó con dureza contra la Casa Rosada y aseguró que “la motosierra vino con apoyo del Congreso”. Además, calificó la medida como “un gran error” y sostuvo que el ajuste “descarga aún más sobre la gente el peso de la crisis”, en un contexto económico marcado por la caída del consumo y el deterioro del poder adquisitivo.
El gobernador también dejó abierta la puerta a una ofensiva judicial en caso de que el Senado convierta el proyecto en ley. En línea con esa postura, funcionarios bonaerenses ya venían anticipando cuestionamientos constitucionales al considerar que la reforma vulnera la autonomía provincial y afecta recursos vinculados al sistema energético y a cooperativas del Interior.
Mientras tanto, el Gobierno nacional defiende la modificación bajo el argumento de avanzar en la reducción del gasto público y recortar subsidios considerados “ineficientes”. Según cálculos oficiales, el nuevo esquema permitiría un ahorro fiscal de más de $270 mil millones anuales, aunque distintos sectores opositores advierten sobre el impacto social que tendría la medida en regiones con bajas temperaturas.
Ahora, todas las miradas apuntan al Senado, donde el oficialismo libertario buscará convertir en ley uno de los proyectos más sensibles de su agenda energética. En paralelo, la discusión ya escaló al plano político y judicial, profundizando la disputa entre la administración de Javier Milei y los gobernadores que rechazan el recorte de subsidios en medio de un escenario económico cada vez más tenso.