Por Matías David, abogado, referente Libertario y secretario General de la Agrupación “Nueva Generación Libertaria”

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, se encuentra envuelto en un nuevo escándalo que suma otra capa de complejidad a su ya complicado historial judicial. El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires lo sancionó con una multa de 1.900.000 pesos por invertir ilegalmente 1.000 millones de pesos de fondos municipales en Créditos al Río SA, una fintech presuntamente vinculada a estafas millonarias.

Esta inversión viola abiertamente las normas legales y reglamentarias, incluyendo firmas indebidas, pagos sin respaldo y montos que exceden los límites permitidos. La sanción se suma a una denuncia anterior por contrataciones «fantasma» y defraudación al estado, que derivó en un pedido de detención denegado por la jueza Alicia Vence.

Créditos al Río SA, en la que Moreira invirtió los fondos públicos, ha sido señalada por el economista Ignacio Carballo como una entidad que engaña a sus usuarios a través de una sofisticada maniobra fraudulenta. Utilizando técnicas como phishing y brechas de datos, obtienen información personal (DNI y CBU) para solicitar créditos en nombre de las víctimas. El dinero aparece como un «depósito» en la cuenta, pero los estafadores presionan para su devolución inmediata, completando el ciclo de fraude.

Esta operatoria se vincula con otras financieras, como Wenance, actualmente bajo investigación de la jueza Sandra Arroyo Salgado por estafas que superan los 300 millones de dólares y que involucran a más de quinientos damnificados. Los afectados denuncian cobros múltiples de cuotas, vaciamiento de sus cuentas a través de varias financieras y la imposibilidad de obtener un libre de deuda, incluso luego de pagar la totalidad de la deuda. La maniobra se asemeja a un plazo fijo fraudulento, donde los estafadores se quedan con las ganancias.

La conexión entre Moreira y esta red de estafas genera interrogantes cruciales: ¿Por qué el intendente, socio del ministro Gabriel Katopodis, arriesgó fondos públicos en una financiera con antecedentes tan cuestionables? ¿Se repetirá la impunidad observada en el caso de las contrataciones fraudulentas? La situación deja al descubierto un entramado de irregularidades que exige una investigación exhaustiva y transparente para determinar las responsabilidades y el destino de los fondos públicos desviados. La falta de transparencia y las presuntas conexiones políticas agravan este escándalo.