Tras más de 15 horas Diputados votó, en general, un paquete de ajuste, suba de impuestos y freno a actualizaciones de jubilaciones por seis meses propuesto por el Gobierno, que incluye un festín de nueve emergencias, entre ellas, la económica. Tras conseguir 134 adhesiones -110 legisladores rechazaron-, la Cámara baja ya debate en particular el proyecto y el Gobierno tiene agendada una sesión para las 14 en el Senado con el fin de sancionar el polémico megaproyecto.

Para sellar los votos necesarios el oficialismo activó, en las últimas 48 horas, una senda de cambios y alicientes mínimos para “suavizar” a dos bloques menores de Diputados, entre ellos, el lavagnismo, que será clave -junto a la bancada de Unidad Federal, de José Luis Ramón- en la votación en particular de la extensa iniciativa.

A la hora de los cierres, el jefe del Frente de Todos, Máximo Kirchner -le costó acomodar el sendero de su discurso entre tantos papeles que tenía en su banca-, no se refirió al proyecto, sino que apuntó de manera casi exclusiva al endeudamiento del macrismo. Momentos antes, el jefe del opositor Juntos por el Cambio, el radical Mario Negri indicó que “no existen extremos parecidos al 2002 para semejante proyecto con 11 delegaciones de facultades” y pidió al Frente de Todos no esconder “la parte de la película en la que actuaron ustedes”, por las diputas entre macrismo y kirchnerismo en cuanto a herencias recibidas. También dijo que el proyecto “es un impuestazo sin bajar gastos” basado en “el campo, la clase media y los jubilados”.

Desde la mañana de ayer y, a través de redes sociales, el propio Alberto Fernández aseguró que el kirchnerismo contaba con los “votos” pero se disponía a realizar nuevas modificaciones. Apuntó, en específico, a “incorporar un artículo que disponga que el Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas”. Se refería al urticante artículo 49.

Para el caso de las jubilaciones, el Gobierno organizó una estrategia con un puñado de operadores para justificar el congelamiento que contiene la iniciativa y así ofrecer argumentos a la militancia. Sin embargo, las modificaciones gatillaron aún mayores críticas de la oposición. Quien se hizo un festín con la letra del proyecto fue Luciano Laspina, la principal espada económica del PRO: “Ahora miramos el nuevo dictamen y tenemos jubilados de primera y de segunda. Se excluyeron -del congelamiento por seis meses- a docentes, científicos y jueces. No tengo nada contra ellos pero quiero saber por qué un empleado público sí y otros no”.

El legislador también denostó el “achatamiento de la pirámide, que nos llevó al fallo Badaro y a la Ley de Reparación Histórica -2016-, que por esa ley nos endeudamos”, y advirtió: “Nuestro gobierno se comió el chasco de la energía -sistema quebrado e importaciones múltiples a fines de 2015- y el pago a jubilados, y ahora quieren repetir la misma historia”.

Minutos antes, el recién ingresado y banquero Carlos Heller -futuro presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja- defendió el megaproyecto y citó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien días atrás mencionó, según el legislador kirchnerista, que “cree en el Estado y descree del mercado”. El diputado agregó que “la realidad es dramática y no es una descripción exagerada, ya que es el país que se ha recibido”.

Desde el radicalismo, en tanto, el exgobernador mendocino y reelecto presidente del centenario partido, Alfredo Cornejo, expresó: “Acá no hay tierra arrasada ni tampoco hay, y lo digo como integrante de Juntos por el Cambio, bases para crecer. Ni lo uno ni lo otro. No tenemos ningún derecho los dirigentes de este país, ni menos el Ejecutivo, para atribuirse ese carácter fundacional”. Los del PRO presentes ni se inmutaron.

Apareció ayer por Diputados Elisa Carrió -ya tiene la renuncia a su bancada aprobada, a partir del 1 de marzo próximo-, quien adelantó la inserción de su discurso. Hacia el final del texto que hizo circular su entorno solicitó que “se ponga en conocimiento del Fiscal de turno para que se investigue la posible comisión del ilícito tipificado en el artículo 227 del Código Penal, que sanciona a quienes concedan al Poder Ejecutivo Nacional, facultades extraordinarias por las que la fortuna de los argentinos hubieran quedado a merced del gobierno nacional, en virtud de lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Nacional”.

Según la referente de la Coalición Cívica, “actos de esta naturaleza, como lo advierte nuestra Constitución, llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

Diputados volvería a reunirse el viernes próximo para aprobar el freno al pacto fiscal -guiño a gobernadores con suba de impuestos provinciales para conseguir votos- que votaría en la tarde de hoy el Senado. En la sesión previa a la que se hizo por las emergencias múltiples juraron varios diputados que se fueron a cargos nacionales, provinciales y municipales. Allí se destacó la legisladora cristinista Carolina Gaillard, que hizo una larga dedicatoria y casi se olvida de jurar.