La iniciativa promovida por legisladores de Tres de Febrero tiene como objetivo proteger a las familias que se encuentren en situación de sobreendeudamiento y posibilitar nuevos acuerdos entre deudores y acreedores.

El diputado Provincial Juan Miguel Gómez Parodi, junto a los legisladores locales de Tres de Febrero Juan Debandi y Cristina Heredia, y con la participación de los abogados especializados en la temática, Adrian Ganino (ex Director Nacional de Defensa del Consumidor), Samanta Lagrutta (Ex Directora de OMIC San Martin) y Cristian Luisi (Juez Arbitro Institucional del consumo) realizaron este pasado viernes 29 en el auditorio de la Untref sede Caseros, la presentación institucional del proyecto ingresado en la cámara de diputados provincial que modifica a la Ley de Defensa del Consumidor 13.133, incorporando al procedimiento administrativo de prevención, saneamiento y reestructuración de pasivos de familias sobreendeudadas, entendiendo como sobreendeudamiento a la imposibilidad de afrontar el pago de deudas contraídas en relaciones de consumo, cuando cumplirlas comprometería el acceso a bienes esenciales, afectando a la economía familiar, la salud psicofísica y el proyecto de vida en general.

«El sobreendeudamiento es una problemática que afecta a muchas familias de nuestra provincia, especialmente a partir de sucesos que en los últimos años perjudicaron la posibilidad de planificar y proyectar a futuro. Una economía provincial sana requiere de una economía familiar sana, por eso precisamos que el Estado provincial acompañe a estas familias bonaerenses en su proceso de recuperación y les permita, a partir de su compromiso, volver a mirar el futuro con confianza.» Aclara el diputado Provincial Juan Miguel Gómez Parodi autor del proyecto de ley.

Por su parte, Juan Debandi, concejal y candidato a intendente de Unión por la Patria en Tres de Febrero añadió “Es fundamental la intervención del estado en aquellas situaciones en las que, por necesidad o desconocimiento, las familias incurren en endeudamientos que implican prácticas abusivas y que afectan duramente su economía. Sin la presencia del Estado, no hay quien pueda detener el aprovechamiento desmedido de sectores abusivos de la economía por sobre las situaciones de vulnerabilidad de muchos consumidores ”.

A su vez, la concejala Cristina Heredia agregó “constantemente nos encontramos con consultas de este tipo, cuando a las personas les llega un embargo por ej, y aunque tengan intención de pagar sus deudas de subsistencia, por motivos sobrevinientes no pueden hacerlo. Allí entendemos que el municipio, primer eslabón de reclamos de los vecinos y vecinas, debería contemplar en su oficia de Defensa al Consumidor, la implementación de un procedimiento administrativo ágil que sanee y restructure esos pasivos que tanto angustia a los deudores, ya que también tiene competencia para ello”.

El proyecto de ley establece un procedimiento administrativo en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor provincial, Ley 13.133, a fin de que el Estado provincial acuda en auxilio de las familias sobreendeudadas, acompañándolas en un proceso de reestructuración de esas deudas y en el saneamiento de su economía. El Estado provincial publicitará oportuna y adecuadamente la posibilidad de acogerse al procedimiento administrativo de prevención, saneamiento y reestructuración de pasivos para familias sobreendeudadas. Quienes entiendan que están en tal situación podrán presentarse en las oficinas municipales v provinciales de Defensa del Consumidor para realizar las averiguaciones correspondientes.

El inicio de actuaciones administrativas por sobreendeudamiento y reestructuración de deuda suspenderá las actuaciones judiciales por cobro de los créditos y préstamos para el consumo adeudados, por un plazo de 90 días hábiles, contados desde el inicio de las actuaciones administrativas hasta el dictado de la resolución definitiva.

La Autoridad de Aplicación citará a las familias sobreendeudadas y a los prestadores acreedores para formalizar un acuerdo conciliatorio que podrá comprometer quitas de capital, plazos de gracia y planes de pago. El acuerdo será homologado por el ente estatal y podrá ser oponible judicialmente.

Otros aspectos importantes del proyecto apuntan a la prevención del sobreendeudamiento a través de la exigencia de la debida información al momento de la contratación del crédito o préstamo, sobre todas sus condiciones: montos, plazos, intereses, tasa de interés efectiva anual, comisiones, gastos, entre otros, y al impulso de una educación financiera a través del sistema educativo provincial para así contribuir a una gestión razonable de una economía doméstica.