Tras el pacto con el peronismo y la avanzada judicial anunciada por el PRO, la alianza que selló el balotaje de 2023 atraviesa su momento más crítico, con impacto en el Congreso y los territorios.

La maratónica sesión en la Cámara de Diputados que le dio media sanción al Presupuesto 2026 dejó mucho más que un resultado legislativo ajustado para el Gobierno. En la madrugada del jueves, una decisión tomada por el oficialismo terminó de tensar hasta el límite la relación entre La Libertad Avanza y el PRO, al punto de que en el partido fundado por Mauricio Macri ya hablan abiertamente de una alianza rota y anticipan un nuevo escenario político de negociación ley por ley.

La AGN como punto de quiebre

El detonante fue la designación de autoridades en la Auditoría General de la Nación (AGN), aprobada fuera de temario de sesiones extraordinarias y mediante un acuerdo entre La Libertad Avanza y el peronismo. Como consigna Infocielo, la maniobra fue rechaza de plano por el PRO, que abandonó el recinto junto a la UCR, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y la Izquierda, y anunció que llevará el tema a la Justicia por considerar que se trató de una “grave violación a la Constitución Nacional”.

La votación, que se realizó cerca de las 3 de la madrugada, habilitó la designación de Rita Mónica Almada por La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón por el peronismo y Pamela Calleti, aliada del gobernador salteño Gustavo Sáenz. Para el PRO, el reparto de cargos fue la cereza del postre de una sesión que ya venía marcada por la desconfianza, luego de que el oficialismo solo lograra aprobar el Presupuesto en general y en casi todos sus capítulos, salvo el Capítulo XI, que incluía la derogación de la Emergencia en Discapacidad y del Financiamiento Universitario.

Desde el bloque amarillo, el malestar fue inmediato y profundo. Cristian Ritondo, jefe de la bancada, fue uno de los más duros durante la sesión y apuntó directamente contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Esto es una violación a la Constitución Nacional. Fuimos citados con un temario y se avanzó sobre un tema que no estaba incluido”, advirtió, al tiempo que anticipó una presentación judicial para declarar la inconstitucionalidad de las designaciones.

El PRO sostiene que el artículo 63 de la Constitución es claro al limitar el tratamiento en sesiones extraordinarios a los asuntos convocados por el Poder Ejecutivo y que la AGN, como órgano constitucional de control externo, no puede ser considerada una cuestión de funcionamiento interno del Congreso. “Avanzar con su integración de esta manera no fortalece el control del Estado, lo deslegitima”, remarcaron en un comunicado oficial.

Pero el conflicto excede largamente la discusión jurídica. En el macrismo interpretan que hubo una decisión política deliberada de La Libertad Avanza de cerrar un acuerdo con el kirchnerismo para copar la AGN, dejando afuera a quienes hasta ahora venían sosteniendo al Gobierno en votaciones clave. “Hace dos años los ayudamos desinteresadamente y ahora acuerdan con el kirchnerismo. La relación está rota”, reconoció sin rodeos un dirigente cercano a Ritondo, según el medio Infobae.

Otro punto de fricción durante el tratamiento del Presupuesto fue el rechazo del artículo que contemplaba el pago a la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de coparticipación, un reclamo histórico del PRO y una negociación directa del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. En la bancada amarilla interpretaron que el oficialismo incluyó ese punto dentro de un capítulo conflictivo, junto a la derogación de leyes sensibles, para forzar apoyos que finalmente no llegaron. El capítulo completo fue rechazado.

De socios estratégicos a aliados circunstanciales

El deterioro de la relación también se expresa por fuera del Congreso. En la provincia de Buenos Aires, intendentes del PRO denuncian que La Libertad Avanza actúa como un factor de bloqueo en los concejos deliberantes, con votaciones conjuntas con el kirchnerismo o directamente impidiendo el tratamiento de presupuestos y ordenanzas fiscales. Casos como Bahía Blanca, Vicente López, San Isidro, Junín, Pergamino y 9 de Julio alimentan una tensión territorial que ya no se disimula.

En ese contexto, el quiebre parece inscribirse en un proceso más amplio. La alianza que se selló para vencer al peronismo en el balotaje presidencial de 2023, y que atravesó un 2025 plagado de negociaciones incómodas (desde las elecciones bonaerenses hasta las nacionales, con un PRO cada vez más diluido dentro del armado libertario) muestra signos de agotamiento. Mientras figuras como Patricia Bullrich dieron el salto definitivo a La Libertad Avanza, el macrismo busca ahora recomponer identidad y volumen político propio.

No es casual que referentes centrales del partido, como el propio Macri y María Eugenia Vidal, hayan comenzado a plantear la necesidad de que el PRO vuelva a tener candidato propio en 2027. La jugada en la AGN parece haber acelerado esa definición. Con el frente judicial abierto y la advertencia política lanzada, sin quórum garantizado para el oficialismo en lo que viene, el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza atraviesa su momento más crítico desde el inicio del gobierno de Javier Milei, con un horizonte de ruptura que ya no se descarta.