Como se preveía, los gremios docentes reaccionaron con furia ante el decreto que dio a conocer el Gobierno, a través del cual se modifican las reglas para las negociaciones salariales del sector y desactivó el argumento para convocar a la paritaria nacional.

La Ctera anunció que llevará el caso a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), contra el decreto 52/2018 que cambia la reglamentación de la Ley de Financiamiento Educativo y licua el poder de la entidad sindical en la paritaria docente.

«Desde la Ctera repudiamos y rechazamos firmemente la decisión unilateral y arbitraria del Gobierno Nacional que modifica las condiciones de la Paritaria Nacional Docente, que habían sido refrendadas por la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo y por el Decreto 457 del año 2007», señaló en un comunicado el mayor sindicato educativo del país.

La central de los maestros consideró que la normativa es «un nuevo ataque» a las organizaciones sindicales docentes al afirmar que «el Gobierno avanza con el desmantelamiento de la instancia de negociaciones colectivas» a nivel nacional. A través del mensaje difundido por redes sociales, desde Ctera indicaron que la Casa Rosada «modifica de manera unilateral los acuerdos» establecidos por los sindicatos docentes.

Al respecto, el secretario general uno de los sindicatos de docentes bonaerenses Suteba, Roberto Baradel, criticó la decisión del Gobierno de establecer nuevas reglas para las negociaciones salariales del sector. «Este decreto es un mamarracho jurídico y este es un Gobierno antidemocrático», dijo el sindicalista en declaraciones a Radio Rivadavia. También lamentó que la gestión de Mauricio Macri «ni siquiera tenga la delicadeza de similar que es un gobierno autoritario que no quiere discutir».

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, lo fijó en un 20% por encima del mínimo, vital y móvil. Además igualó la representación sindical de todos los gremios que participan en la mesa de negociaciones.

«Creo que muestra cada vez más que ni siquiera tiene la delicadeza de simular, son un Gobierno autoritario que no quiere discutir. Es como si mañana no le gustara el sistema electoral a Cambiemos y modifica por decreto el sistema electoral», comparó.

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, aseguró que «no se pueden borrar por decreto ámbitos de discusión y de diálogo» al referirse al decreto que iguala la representación de los gremios. «El camino que está tomando el Gobierno es el más errado porque ningún ámbito de debate puede ser menospreciado de esta manera», sostuvo Petrocini.

«El Ejecutivo habla permanentemente del diálogo y el encuentro, pero no lo ejerce y sólo nos llama para informarnos de decisiones sin hacer lugar a aportes de los representantes de los docentes», sostuvo Petrocini, quien entendió que «borrar de un plumazo los lugares de diálogo, es un error».

La dirigente gremial apuntó que la paritaria nacional docente «es el espacio de discusión donde deben dirimirse las cuestiones» y consideró que «no se pueden borrar por decreto ámbitos de discusión y de diálogo».

Por otro lado, indicó que, «en gobiernos democráticos, republicanos y federales, no puede no haber encuentro y diálogo», y opinó que «pocos días antes de una paritaria, esta sucesión de actitudes generan un clima caldeado que no favorece que arranquen bien las cosas». «Después nos demonizan a los docentes, pero acá hay animosidad inducida por el Gobierno para que haya una confrontación», consideró Petrocini.

En tanto, el secretario general de la Unión Docentes Argentinos y secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, sostuvo que «el Ministerio de Educación Nacional no se puede desligar de la responsabilidad de hablar de salarios porque el piso fijado históricamente en esta negociación es el que toman de referencia el resto de las provincias para sus discusiones».

«Si bien, el acuerdo paritario del año 2016 en el punto 4 estableció que el salario inicial docente no puede ser inferior en un 20 por ciento por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil, el mismo punto también determina que esto no reemplaza a la discusión salarial en ese ámbito», indicó el dirigente.

Romero recordó además que por ese tema la UDA ya ha realizado presentaciones en la Justicia y en la OIT y subrayó que «el Gobierno no puede pretender eliminar la discusión salarial nacional por decreto».

De esta forma, agregó que «nuevamente se verán aumentadas las diferencias e inequidades salariales en las distintas jurisdicciones, acentuándose así las desigualdades entre pares, ya que, se vulnerará aún más el principio de a igual tarea, igual remuneración, perjudicándose así claramente aquellas provincias que cuentan con menos recursos financieros».

«El Ministerio de Educación nacional está mirando para otro lado en lugar de cumplir con la obligación constitucional de sostener la educación pública, lo cual incluye también al salario», dijo Romero. «Esta medida, además adoptada en un momento en que todos los salarios iniciales docentes del país se encuentran por debajo de la línea de pobreza a lo único que colaborará es para aumentar la grieta salarial existente», finalizó.