Con 147 votos positivos y 69 negativos, el oficialismo concretó su anhelo de contar con la reforma electoral para las elecciones de este año. En sesión especial, y con ayuda de los bloques de la oposición «dialoguista», Cambiemos logró aprobar en general y convertir en ley el proyecto de financiamiento de partidos políticos, que apunta a legalizar los aportes de empresas privadas a las campañas electorales de las agrupaciones políticas de su preferencia.

El miembro informante del oficialismo, el diputado Pablo Tonelli (PRO), se encargó de defender la iniciativa que, en sus palabras, «restablece el financiamiento mixto de los partidos» en campañas», «evita la informalidad» prohibiendo las donaciones anónimas, y le devuelve a «los ciudadanos el derecho a contribuir en el desenvolvimiento ordinario» de las agrupaciones políticas.

Al abrir el debate, Tonelli, que es el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, defendió la bancarización del aporte privado al afirmar que «la actual ley esconde la hipocresía, porque permitía al aporte de las empresas a través de sus gerentes ya que habilitaba a las personas físicas, pero no jurídicas, cuando es mejor que sepamos cuales son las empresas que aportan a las campañas políticas».

«Es un gran paso para mejorar la transparencia de las campañas electorales y para aumentar las obligaciones de los partidos en orden de esas campañas», agregó.

Subrayó que con «esta se evitan irregularidades en el financiamiento políticos y se aumentan las obligaciones de los partidos políticos», y destacó el «incremento en las atribuciones y competencias de la Cámara Nacional Electoral para un control efectivo rápido y eficaz de la obligaciones de los partidos políticos».

El proyecto establece que los aportes privados deberán estar bancarizados para que se conozca la identidad de las empresas que realicen sus aportes a los partidos políticos.

En ese sentido, la iniciativa fija que las personas jurídicas podrán aportar dinero con un tope del 2% de los gastos autorizados por la ley.

Además, determina que no podrán realizar donaciones los entes estatales, los contratistas del Estado, ni aquellos que exploten juegos de azar.

Desde la oposición al proyecto, la diputada rionegrina del Frente para la Victoria María Emilia Soria dijo que «este proyecto nos obliga a pensar que tipo de país y cuál es la injerencia que le vamos a dar al poder económico», y señaló que, con esta ley, Cambiemos «volvió a mostrar la escasa capacidad de consenso que tiene el oficialismo».

En tanto, el presidente de la comisión de Justicia, el radical Diego Mestre, afirmó que con la ley de modificación de la ley de financiamiento de partidos políticos se cumplirá con el objetivo de «evitar donaciones anónimas, ni cuál es el destino de los aportes, ni en que se gasta el dinero»

Agregó que «es una mejora en la calidad institucional en una democracia cada vez mas compleja».