El Estado asumirá la compensación de $10.000 millones a las petroleras y no la trasladará a los usuarios. Frigerio se los anticipó a diputados y senadores en el Congreso.

En plena controversia por el cargo extra en la tarifa de gas, el Gobierno decidió dar marcha atrás con la medida que iba a compensar a las empresas distribuidoras por la devaluación. El monto adicional en las tarifas del servicio había sido determinado por la Secretaría de Energía liderada por Javier Iguacel.

Finalmente el Gobierno se hará cargo del monto adicional resultante de la diferencia cambiaria, de unos $10.000 millones. Esta fue la propuesta que la UCR le había hecho al Ejecutivo, y que finalmente fue admitida por la Casa Rosada.

El ministro del Interior Rogelio Frigerio les comunicó la noticia a senadores y diputados en una reunión. El Ejecutivo pagará la diferencia por la devaluación a las empresas productoras de gas (que cobran en dólares) en 30 cuotas, a partir del año que viene y hasta el 2021. Así, quedan sin efecto las 24 cuotas extra que iban a pagar los usuarios.

Frigerio comunicó esta medida en el Congreso poco después de que la oposición dejara trascender que intentaría tratar los proyectos para derogar este aumento extra en las tarifas, en un encuentro con todos los jefes de bloque del oficialismo y de la oposición.

La resolución 20/2018 publicada el viernes en el Boletín Oficial determinaba que los usuarios de la red de gas de todo el país pagarían un nuevo cargo en las boletas desde enero próximo y por 24 meses. Ese monto compensaría a las empresas distribuidoras por la devaluación del peso, ya que el precio del insumo está dolarizado y, cuando se acordó el aumento en las tarifas de abril, se previeron contratos a un tipo de cambio de $ 20,55.

Ahora, el Gobierno acodará directamente con las productoras de gas -las principales petroleras del país, a las que las distribuidoras le compran el fluido- un nuevo mecanismo para saldar la diferencia. Según fuentes del sector y oficiales, todavía no hay detalles de cómo realizará los pagos mensuales el Ejecutivo.

Iguacel fue denunciado penalmente por la firma de la Resolución 20 por el fiscal federal Guillermo Marijuan, que hizo una presentación contra el secretario de Energía por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. La medida era retroactiva, ya que su objetivo era compensar a las empresas distribuidoras -que deben pagarle la factura final a las petroleras- por el período de abril a septiembre por el aumento del dólar, recordó el fiscal.

El aumento extra en la tarifa de gas había generado una fuerte reacción ante la Justicia, por las presentaciones en contra de la medida, pero también dentro del propio Cambiemos. Especialmente de la UCR, que se había pronunciado contra la suba porque impacta sobre todo en la clase media.

Poco antes de que el aumento extra quedara sin efecto el presidente Mauricio Macri dijo que aunque cada aumento en los servicios le «duele en el alma» la energía es cara y «hay que pagarla». «Ahora cuesta pagar lo que no pagábamos y cambiar de hábito para ver cómo podemos consumir menos», dijo el Presidente en una entrevista a Radio M de Olavarría, durante una visita a esa ciudad.