El Gobierno nacional tuvo que dejar de lado la Reforma Penal Juvenil que bajaba la edad de imputabilidad a 13 años y enviará un nuevo proyecto al Congreso esta misma tarde.
Este martes, Gobierno nacional decidió retirar el proyecto de Reforma Penal Juvenil que había enviado al Congreso a comienzos de la semana pasada, y anunció que remitirá una nueva iniciativa con modificaciones, luego de admitir que el texto original no respetaba el consenso político alcanzado con sectores de la oposición en torno a la nueva edad de imputabilidad.
En ese sentido, la administración libertaria buscará reencauzar el debate legislativo con el objetivo de obtener dictamen en comisiones este mismo miércoles, y avanzar hacia la media sanción en la Cámara de Diputados, para concluir el periodo de sesiones extraordinarias con la nueva Reforma Penal Juvenil aprobada.
Es preciso mencionar que, la decisión fue adoptada a tan solo un día de la firma del dictamen y a dos de la sesión prevista en el recinto, cuando el Poder Ejecutivo reconoció que el proyecto enviado fijaba la edad de punibilidad en 13 años, pese a que el acuerdo previo con bloques aliados establecía ese límite en 14. Por eso, el Gobierno resolvió no insistir con el texto original y enviar uno nuevo que corrija ese punto central, con la intención de evitar un traspié parlamentario que pusiera en riesgo el tratamiento exprés de la iniciativa.
Según explicaron desde el bloque de La Libertad Avanza, no se trató de un cambio de rumbo político sino de una “desinteligencia” en la redacción del proyecto, y ratificaron que la estrategia legislativa se mantiene intacta. En tanto, la nueva versión de la reforma será girada nuevamente a la Cámara baja con la edad de imputabilidad fijada en 14 años, tal como reclamaban los bloques dialoguistas, mientras se sostiene el objetivo de dictaminar en comisiones este miércoles y sesionar el jueves al mediodía.
Para avanzar con ese cronograma, el oficialismo deberá completar previamente la constitución de las comisiones clave que intervendrán en el tratamiento del proyecto: este martes se formalizará la integración de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que quedará presidida por la diputada salteña María Gabriela Flores, y también de la Comisión de Justicia, que será encabezada por el correntino Lisandro Almirón, ambos pertenecientes a La Libertad Avanza. A esas instancias se sumarán Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, que participarán del plenario convocado para el miércoles a las 11.
Además del cambio en la edad de imputabilidad, la nueva iniciativa incorpora definiciones clave en materia presupuestaria, uno de los aspectos que había generado reparos entre los aliados del oficialismo. El artículo 51 del proyecto establece una asignación específica de $23.739.155.303,08 para la implementación de la nueva reforma penal juvenil, con partidas destinadas al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación, lo que busca garantizar los recursos necesarios para la puesta en marcha del sistema.
En tanto, el texto también habilita acuerdos entre la Nación y las provincias para el envío de fondos destinados a la construcción de nuevas instalaciones para el alojamiento de adolescentes bajo el nuevo régimen, un punto que fue objeto de negociación política dentro del propio bloque libertario. En ese proceso tuvo un rol central el presidente del bloque en Diputados, Gabriel Bornoroni, que impulsó la necesidad de cerrar rápidamente el consenso interno y externo para fijar la edad de imputabilidad en 14 años y destrabar el tratamiento legislativo.
Por caso, la decisión de unificar ese criterio respondió a la postura sostenida por aliados clave del Gobierno, como el PRO y la UCR, que desde el inicio marcaron su rechazo a una baja a los 13 años y fijaron como límite aceptable los 14. De ese modo, el proyecto que será enviado replica en buena medida el espíritu del texto anterior, con un régimen penal juvenil diferenciado del sistema adulto, sin reclusión perpetua y con penas máximas inferiores a las previstas para mayores de edad.
