La senadora oficialista Mónica Macha busca regular la cobranza de deudas y frenar prácticas abusivas contra los consumidores bonaerenses.

La senadora bonaerense de Fuerza Patria, Mónica Macha, este jueves impulsó un proyecto de ley para regular la cobranza extrajudicial de deudas en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de garantizar los derechos de los consumidores frente a lo que ella considera “prácticas abusivas”.

“Cada vez son más las familias argentinas que no logran cumplir con sus deudas, ya sea con bancos o billeteras digitales”, sostuvo la dirigente de Nuevo Encuentro, quien retomó datos de la consultora 1816 que reflejan un aumento del índice de impago en préstamos familiares del 10,6% al 11,2% entre enero y febrero.

El informe señala que el incumplimiento de los hogares acumula 16 meses consecutivos en alza y alcanza niveles que no se registraban desde 2004. A su vez, la morosidad creció en 28 de los 30 principales bancos, que concentran más del 95% de los créditos otorgados a ese segmento.

Ante este panorama, la iniciativa de Macha alcanza a los proveedores de bienes y servicios, entidades financieras, agencias de cobranza, estudios jurídicos y cualquier tercero que realice gestiones de cobro en deudas derivadas de relaciones de consumo, ya sea de manera directa o en representación de otros.

En ese marco, el articulado dispone que, durante los procesos de cobro, los sujetos alcanzados no podrán desplegar conductas que ubiquen a los consumidores en “situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias, o que impliquen acoso, hostigamiento, coacción o cualquier forma de presión indebida”.

Asimismo, el texto prohíbe otras prácticas abusivas como el contacto con terceros ajenos a la relación de consumo, las comunicaciones fuera de horarios razonables, la simulación de instancias judiciales o la difusión de la condición de deudor sin respaldo legal.

Bajo esa premisa, Macha sugiere que toda comunicación destinada al cobro de una deuda debe brindar información clara y detallada. En particular, la norma exige identificar al acreedor, precisar el origen de la deuda y detallar el monto reclamado con discriminación de intereses, cargos y comisiones.

“Estas conductas no sólo vulneran derechos individuales, sino que afectan la dignidad y la integridad personal de quienes las padecen, configurando un claro apartamiento de los estándares legales vigentes”, fustigó la representante de la Primera sección.

Por otra parte, la presentación también fija una serie de pautas sobre los medios de atención y establece que los consumidores tendrán derecho a ser atendidos por una persona humana. Los sistemas automatizados podrán utilizarse de manera complementaria, pero no podrán constituir el único canal de contacto disponible.