Aseguran que las medidas económicas anunciadas por el presidente Mauricio Macri «no fueron consensuadas con los gobiernos provinciales». También acordaron un documento que sostiene la necesidad de «resguardar» las finanzas de cada territorio.

Gobernadores peronistas y de partidos provinciales consensuaron este lunes un documento en que solicitan al Gobierno nacional que retrotraiga las medidas económicas anunciadas la semana pasada vinculadas al congelamiento de los combustibles, el IVA y Ganancias, «en resguardo de las finanzas provinciales».

Los mandatarios provinciales estuvieron reunidos desde las 11 hasta las 13 en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) donde coincidieron en que las decisiones económicas anunciadas «no fueron consensuadas con los gobiernos provinciales» y amenazaron con «ir a la Justicia» en tanto sigan en pie.

El gobernador de Salta y precandidato a vicepresidente de Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, sostuvo que «acordaron un documento común» en que solicitaron al Gobierno nacional que «retrotraiga las medidas anunciadas» y ratificaron «la importancia de que no disponga de los recursos que son de las provincias».

«Seguimos dispuestos al diálogo y queremos que los recursos de cada una de las provincias sea respetado por el gobierno nacional», afirmó Urtebey a la vez que advirtió que «si no tenemos respuesta de parte de las autoridades iremos a la Justicia».

A pesar de que reconoció que los gobernadores están «supeditados a lo que plantea el gobierno», tienen «un plan de acción que tiene que ver con garantizar los derechos de las provincias» porque es su «obligación institucional preservar esos recursos». También adelantó que verán «cómo continuar» con miras a la próxima semana.

Por su parte, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, señaló que la reunión consistió en «buscar soluciones» y sostuvo que la defensa de los recursos provinciales, ya que en caso contrario, estarían «incumpliendo» sus «deberes de funcionarios públicos».

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, estimó que «las regalías bajarían 1 mil millones de pesos hasta fin de año» por lo que pedirán «una compensación». Además ratificó que Neuquén y Río Negro pidieron ante la Justicia declarar «inconstitucional esta decisión» sobre el combustible.

Miguel Lifschitz, gobernador de Santa Fe, señaló que las medidas son «electoralistas» y traerán «algún alivio transitorio» para la clase media y los trabajadores con el objetivo de «mejorar el rendimiento del oficialismo». «Se tomaron al calor de los resultados electorales sin medir las complicaciones que generan a las provincias», criticó.

En el encuentro participaron los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Santa Fe, Lifschitz; de La Pampa, Carlos Verna; de Río Negro, Weretilneck; de San Juan, Sergio Uñac; de Misiones, Passalacqua; de Salta, Urtubey; de Tucumán, Juan Manzur; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; de La Rioja, Sergio Casas; de Formosa, Gildo Insfrán; de Catamarca, Lucía Corpacci; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Chubut, Mariano Arcioni; de Chaco, Domingo Peppo; el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González; y el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano.

El texto consensuado

El documento establece que los mandatarios provinciales «no» están «en contra de las medidas» pero que fueron resueltas «en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontarlas». «Nos hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento», indica el texto.

Agrega que el Gobierno nacional «no puede disponer inconstitucionalmente» de esos recursos y que las juridicciones están en «grave peligro de no poder afrontar los gastos corrientes» lo que amenazará con «la paz social» por las «malas políticas económicas y financieras» de las que las provincias «no» tienen «ninguna responsabilidad».

Califican además de «arbitraria y perjudicial» las medidas y sostienen que dejan a las provincias al borde de una «crisis» que las obligaría a tomar acciones de tipo «excepcional» lo que «agravaría la situación del país».