Una sucesión de criterios para evaluar pensiones por invalidez publicada en el Boletín Oficial generó indignación en organizaciones por los derechos de estas personas.

El anuncio no hizo más que caldear los ánimos. No solo por lo que establecía la resolución que publicó en el Gobierno en el Boletín Oficial, para fijar criterios de evaluación para las personas que pueden acceder o continuar recibiendo una pensión por invalidez. Sino por los términos que usaba para referirse a la discapacidad intelectual. Palabras como “idiota”, “imbécil”, que dejaron de usarse hace más de 50 años, o “retardo mental”, cuando desde hace mucho tiempo se pasó a denominar “retraso mental” para luego ser reemplazado, por recomendación del DM5, el Manual de Psiquiatría Norteamericano por el concepto de “discapacidad intelectual”.

Sin embargo, luego de la indignación que el uso de los términos generó en las organizaciones que abogan por los derechos de las personas con discapacidad, el Gobierno dio marcha atrás. Así, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) informó que finalmente va a modificar la Resolución 187, publicada en el Boletín Oficial el 16 de enero pasado.

Ante la reacción generalizada, la Andis aclaró que la publicación de estos términos fue un error y negó que haya habido una intención discriminatoria. “Se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”, explicaron desde el organismo, señalando que estos términos eran empleados históricamente en la medicina psiquiátrica, pero han sido discontinuados debido a su carácter peyorativo.

Y el organismo agregó: “Es importante aclarar que esta corrección no modificará el baremo [los criterios de evaluación] ni sus criterios de evaluación”.