La senadora, presentó un proyecto de ley para regular de forma estricta la tenencia de tecnología en los penales bonaerenses.

Malena Galmarini dio detalles sobre el proyecto de ley que presentó ante la Legislatura. La iniciativa busca establecer que aquellas personas privadas de la libertad por condena no puedan poseer teléfonos celulares y que se proceda a la instalación de inhibidores de señales en las unidades penitenciarias.

La propuesta surge en un contexto de creciente preocupación por la cantidad de dispositivos detectados en las cárceles. Según datos citados durante la entrevista, sólo en la provincia de Buenos Aires existen más de 48.000 dispositivos registrados y autorizados bajo un protocolo que se flexibilizó durante la pandemia para permitir el contacto familiar, pero que nunca fue revertido.

Galmarini enfatizó que su proyecto apunta a un control real para evitar que se sigan cometiendo delitos desde el encierro. “Lo que busco es resolver los problemas de la gente”, afirmó, señalando que el uso de tecnología tras las rejas ha derivado en una ola de extorsiones y estafas virtuales. La propuesta contempla además el uso de inhibidores de señal, una medida que considera técnica y políticamente viable.

La legisladora explicó que, si bien existe un protocolo que protege el derecho a la comunicación con familias y abogados, este es utilizado por algunos internos para continuar su actividad delictiva. “No es solo un problema de la pandemia”, aclaró Galmarini, recordando que estas prácticas existían previamente, aunque se profundizaron con la masividad de los dispositivos actuales.

Para graficar la gravedad de la situación, según consigan Infocielo, Galmarini compartió una experiencia personal: sus propios hijos fueron amenazados desde un penal hace más de una década. “A mí me amenazaron a mis hijos desde la cárcel de Alvear”, relató, detallando que tras la pesquisa se descubrió que el aparato utilizado funcionaba con seis chips distintos que eran intercambiados por diferentes internos.

Uno de los puntos más críticos es el mercado interno que se genera alrededor de la tecnología. Galmarini advirtió sobre la existencia de un “contrabando de material tecnológico” y el alquiler de aparatos dentro de las cárceles. Explicó que los internos suelen utilizar teléfonos antiguos que permiten el cambio frecuente de chips, lo que dificulta el rastreo de las comunicaciones.

Incluso, la dirigente mencionó denuncias sobre la complicidad interna en estos circuitos. “Nos contaban que el aparato era del guardiacárcel que se los alquila”, señaló, vinculando esta problemática con las deficiencias salariales y de personal en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Para contrarrestar esto, propone que los presos utilicen teléfonos de línea monitoreados en horarios específicos, garantizando la comunicación sin facilitar el delito.

“Atrás de cada extorsión hay una persona”, subrayó Galmarini, poniendo el foco en la vulnerabilidad de las víctimas, especialmente jubilados que pierden sus ahorros por estafas telefónicas. Para la dirigente, la prioridad debe ser la resocialización mediante el trabajo y el estudio, en lugar de permitir estructuras que faciliten apuestas, amenazas o estafas desde el pabellón.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en la mesa de entradas del Senado, a la espera de que se terminen de conformar las comisiones para iniciar su tratamiento. Galmarini destacó que, a diferencia de otros proyectos más “reglamentaristas”, su propuesta busca establecer un marco general que luego el Poder Ejecutivo deberá implementar a través de decretos reglamentarios.