Un fallo del Juzgado Federal Nº 1 de San Nicolás (Secretaría 2) resolvió a favor del intendente de Ramallo, Mauro David Poletti (Fuerza Patria), y ordenó al gobierno nacional reparar un puente en grave estado ubicado en la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del cruce con la Ruta 51, en el acceso al partido bonaerense de Ramallo.

La presentación judicial fue realizada en mayo pasado, tras reiteradas denuncias del municipio señalando el deterioro estructural de la infraestructura vial, que pone en riesgo la seguridad de automovilistas, transporte local y vecinos que circulan a diario por esa vía. En su demanda, el jefe comunal advirtió que, aunque la Ruta 9 está concesionada a Corredores Viales S.A. y corresponde al dominio de Vialidad Nacional, no se reflejaron en mejoras los aumentos de tarifa de peajes, que subieron más del 400 % en el último año sin corresponder infraestructura adecuada .

El juez actuante consideró que el municipio actúa como usuario directo de la infraestructura, y en consecuencia su reclamo tiene legitimidad. El fallo ordena a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a Corredores Viales que comiencen las reparaciones en un plazo de diez días, acrediten esa iniciación ante el juzgado, y concluyan los trabajos en un plazo máximo de tres meses, presentando informes mensuales sobre el avance .

La resolución también establece la señalización del acceso, con carteles de advertencia, límites de velocidad, desvíos preventivos y medidas de seguridad vial pertinentes, incluyendo bacheo y relleno prioritario de pozos en zonas de mayor riesgo .

Desde el municipio celebraron el fallo como un logro institucional y destacaron su valor como precedente en la provincia de Buenos Aires, ya que sienta una base legal para que otros intendentes afectados también puedan reclamar por obras públicas sin respuesta del Estado nacional . Poletti anticipó que la comuna realizará un seguimiento estrecho del cumplimiento del fallo y exigirá transparencia en el uso de fondos destinados al mantenimiento vial.

La causa se inscribe en un contexto de reclamo provincial más amplio: el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, junto a una veintena de intendentes de diferentes partidos, presentó una demanda colectiva en febrero, denunciando la subejecución de fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles y el Impuesto País, destinados por ley a obras viales. Según datos oficiales, sólo se ejecutó una fracción de lo presupuestado, a pesar del incremento exponencial de recursos disponibles en 2024 y 2025 .