Por Matías David abogado, referente libertario y conductor de la agrupación «Nueva Generación Libertaria».
No hay duda de que la orden de detención y luego detención de Nicolás Maduro, mantenida por el Departamento de Justicia estadounidense y reforzada este año, es un paso necesario y totalmente legal en la búsqueda de justicia para el pueblo venezolano. Después de años de atropellos, es hora de que el hombre que gobernó Venezuela con mano de hierro responda por cada una de las atrocidades que se cometieron bajo su régimen.
La base legal de esta medida no admite dudas. Cuando en 2020 se emitió la primera orden, los cargos de narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína y posesión de armas de fuego estaban amparados en la legislación contra el crimen organizado transnacional – y con razón, porque el tráfico de drogas que lideró el llamado «Cartel de los Soles» afectó directamente la seguridad de miles de familias en Estados Unidos y alrededor del mundo. Ahora, con los nuevos cargos agregados este año, se apoyan también en principios de jurisdicción universal reconocidos internacionalmente, que permiten perseguir crímenes como la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, sin importar dónde se hayan cometido. Han pasado años de investigaciones, de recopilar evidencia junto a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y todo apunta a que la acción cumple con los más altos estándares legales.
Y hablemos claro: los hechos son innegables. Entre 2014 y 2024, más de 15.000 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales según registros independientes. Miles más sufrieron detenciones arbitrarias, pasaron por torturas en centros de detención controlados por el régimen o simplemente desaparecieron porque se atrevieron a oponerse a Maduro. Periodistas, activistas, políticos de la oposición y ciudadanos comunes pagaron un precio terrible por exigir libertad y democracia. Además, el dinero obtenido del tráfico de drogas no solo enriqueció a su círculo cercano, sino que se usó para financiar la represión y mantener el poder a toda costa.
Esto no es más que una cuestión de sentido común y de respeto a la dignidad humana. Estados Unidos no está actuando solo: más de 50 países del mundo ya calificaron las elecciones de 2024 en Venezuela como fraudulentas y han mantenido sanciones contra Maduro y sus allegados por la erosión de las instituciones democráticas y los abusos sistemáticos. Esta orden de detención y luego detención es un mensaje claro: nadie está por encima de la ley, ni siquiera los que se autoproclaman líderes. Los venezolanos que han sufrido, que han tenido que dejar su país huyendo de la crisis o que han perdido seres queridos, merecen que se haga justicia.
El régimen venezolano puede decir lo que quiera sobre soberanía o persecución política, pero la verdad es que la impunidad no puede seguir siendo la norma para quienes atentan contra los derechos humanos. Maduro debe enfrentar los cargos que pesan sobre él – es el mínimo que se le debe al pueblo venezolano.
