La investigación sostiene que el mecanismo era repetitivo: durante controles sobre la ruta 8 y caminos cercanos, los uniformados amenazaban a camioneros y automovilistas con labrar infracciones.

Una investigación judicial destapó una olla de corrupción dentro de la Policía Vial bonaerense y terminó con ocho efectivos detenidos acusados de cobrar coimas a conductores y transportistas sobre la ruta nacional 8.

La causa, impulsada por la fiscal Magdalena Brandt y avalada por el juez de Garantías César Solazzi, reveló un esquema de recaudación ilegal que habría funcionado durante casi dos años mediante amenazas de multas, secuestros de vehículos y causas contravencionales para obligar a las víctimas a pagar dinero y poder continuar viaje.

Según la pesquisa, los policías operaron entre enero de 2024 y noviembre de 2025 y habrían concretado más de 300 transferencias sospechosas por un monto superior a los 23 millones de pesos.

Entre los detenidos aparece el jefe del Destacamento de Seguridad Vial de Colón, identificado por sus iniciales HGC, junto a otros siete efectivos que cumplían funciones en distintas dependencias de la región. También quedaron bajo sospecha integrantes de la estructura vial con asiento en Junín y General Viamonte.

La investigación sostiene que el mecanismo era repetitivo: durante controles sobre la ruta 8 y caminos cercanos, los uniformados amenazaban a camioneros y automovilistas con labrar infracciones, retener documentación o secuestrar mercadería. Ante ese escenario, muchas víctimas terminaban realizando pagos para evitar pérdidas económicas y demoras.

En varios casos, las transferencias se concretaban en el mismo momento a través de cuentas bancarias o billeteras virtuales. Los investigadores detectaron que gran parte de la recaudación terminaba en una cuenta bancaria identificada con el alias “pelado.258”, desde donde luego el dinero era redistribuido hacia otras cuentas vinculadas a los acusados.

Para la fiscalía no se trató de hechos aislados sino de una organización estable montada dentro de la fuerza. Por ese motivo, el expediente incluye imputaciones por asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales y concusión.

Uno de los episodios más graves incorporados a la causa involucra a un transportista al que le habrían exigido 27 millones de pesos para evitar sanciones. Finalmente, el chofer terminó pagando dos millones mediante distintas transferencias bancarias.

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en Colón, Junín y otras localidades del norte bonaerense. Tras las detenciones, tres policías fueron alojados en la Comisaría Primera de Junín y los restantes en la dependencia policial de Arrecifes.

Ahora la Justicia avanzará con el análisis de movimientos bancarios y comunicaciones para determinar si hubo más involucrados dentro de la estructura policial.