Se trata de una figura legal que le permite a un funcionario o persona denunciar una asociación ilícita o crimen organizado del que formó parte.

En el contexto de inicio del período de sesiones ordinarias legislativas, el Ejecutivo bonaerense girará a la Legislatura el proyecto para instalar una figura legal que le permite a un funcionario o persona denunciar una asociación ilícita o crimen organizado del que formó parte

Según se pudo conocer, la iniciativa fue elaborada en el ámbito del Ministerio de Justicia bonaerense, a cargo de Gustavo Ferrari.

El proyecto incluye la posibilidad de que fiscales y jueces realicen acuerdos para morigerar penas o, directamente, para archivar las causas en los casos en que los imputados accedan a brindar información sobre los delitos investigados.

En torno a esto, Ferrari explicó en declaraciones a un medio gráfico que “el ‘arrepentido’ es una figura que sirve para delitos de algunas complejidad y la idea es que una persona pueda aportar información sobre el resto de los integrantes de mayor jerarquía en una organización criminal”.

Además, remarcó que la propuesta “busca complementar la ley nacional que aprobó el Congreso en noviembre pasado, regulando cuestiones que sirven para volver operativa la figura del arrepentido”.

Concretamente, el proyecto del Ejecutivo bonaerense que analizará la Legislatura busca incorporar un artículo al Código Procesal Penal bonaerense que determina que, “cuando existan motivos fundados para concluir que la declaración de un imputado será una prueba esencial para asegurar el esclarecimiento del hecho o el éxito de la pesquisa respecto de otros autores, coautores, partícipes o encubridores que resulten más relevantes, y aquél se comprometa a aportar datos o indicaciones conducentes al efecto, el fiscal podrá proceder al archivo de la causa a su respecto”.

El proyecto determina que el imputado beneficiado por ese archivo “quedará obligado a prestar declaración como testigo”, en la que deberá “aportar datos que revelen la identidad de otros autores, coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados u otros conexos, y que permitan un significativo avance de la investigación” ya que, de no cumplir con tales obligaciones, ese beneficio será revocado.