Se trata de uno de los proyectos que figura en la agenda del presidente electo, Alberto Fernández. Podría tratarse el próximo 20 o 27 de noviembre, junto con la ley de Góndolas.

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, que preside Daniel Lipovetzky (PRO), logró un acuerdo en vías de emitir un dictamen único esta tarde sobre la ley de alquileres, que podría llegar al recinto entre el 20 y el 27 de noviembre junto con la ley de Góndolas.

La iniciativa, que propone reducir los costos que deben enfrentar los inquilinos para ingresar a una vivienda y establecer una fórmula para la actualización de los precios, viene postergándose desde hace tres años en el Congreso y que figura en la agenda del presidente electo, Alberto Fernández.

En el temario de la reunión se incluyeron cuatro iniciativas presentadas por el propio Lipovetzky; el jefe del bloque FpV-PJ, Agustín Rossi; el titular del interbloque Red por Argentina, Felipe Solá; el presidente de la comisión y el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso.

A diferencia del pasado 15 de octubre, cuando su tratamiento en comisión se cayó por falta de quórum –el único diputado del PRO que había asistido había sido Lipovetzky-, hoy la reunión contó con legisladores de todos los bloques, que trabajaron sobre un texto único, aunque algunos diputados firmaron en disidencia.

El debate también contó con la presencia de representantes de la Cámara Inmobiliaria Argentina y de asociaciones de inquilinos, y el secretario de Vivienda, Ivan Kerr.

Federico López Castromil, vicepresidente primero de la Cámara Inmobiliaria, expresó al tomar la palabra: “Así como está la ley estamos todos en contra: inquilinos, propietarios y corredores inmobiliarios. Transformemos ese consenso de estar todos en contra en estar todos a favor”, expresó.

Tras enumerar razones para defender a los propietarios e inquilinos, López Castromil se explayó en los puntos –para ellos- “innegociables” que son el respeto a los honorarios de los corredores inmobiliarios y pidió no modificar el artículo 1.351 del Código Civil y Comercial.

A su turno, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, sostuvo: “no hay dudas ya de que en Argentina es urgente una ley de alquileres nacional que regule el precio de los alquileres y ponga un poco de límites al abuso de los propietarios, de las inmobiliarias.

“Lo que ha sucedido en materia de vivienda en estos últimos años es realmente trágico”, agregó.

El diputado del FpV, Adrián Grana, indicó: “Hoy nos estamos ocupando del acceso de un derecho básico de las personas que es a un techo y en este proyecto que estamos debatiendo acá hemos empezado a encontrar algunos caminos para empezar a generar un mejor acceso a ese derecho básico que es la vivienda y también de darle a eso previsibilidad en el tiempo”.

“Hemos avanzado con una ley que es un gran paso adelante para corregir los desequilibrios y los abusos que hoy vienen ocurriendo. Es la tercera vez que hemos dictaminado esta ley en cuatro años. Hemos trabajado mucho, hemos debatido, pero hemos logrado ahora tener un dictamen único más allá de alguna disidencia parcial, por lo tanto veo muy posible que lleguemos al recinto y que podamos darle media sanción que sería un paso enorme”, cerró Lipovetzky, antes de dar por levantada la reunión.

Entre sus principales puntos, el proyecto consensuado apunta a reducir los costos que deben enfrentar los inquilinos para ingresar a una vivienda y buscan establecer una fórmula para la actualización de los precios, combinando el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

Además, se extiende de dos a tres años los contratos de alquiler para locaciones destinadas a vivienda.

Otro punto clave del proyecto es que determina que se permitirá al inquilino presentar otras garantías no solo la propietaria, como seguro de caución, certificados de ingresos o recibo de sueldos.

También se fija que las expensas extraordinarias deberán ser abonadas por el dueño de la propiedad, y que en caso de rescindir del contrato el inquilino deberá avisar con tres meses para evitar pagar una multa.