Organismos de DDHH encabezados por Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, repudiaron el fallo de la Corte que permite a condenados por delitos de lesa humanidad gozar del beneficio del 2×1 y advirtieron que «agotarán todas las instancias internacionales hasta lograr que este criterio que garantiza la impunidad sea abandonado».

A través de una conferencia de prensa en la que participaron diversos referentes políticos, sociales y de DDHH, Estela de Carlotto, presidente de Abuelas, afirmó: «El fallo abre un panorama incierto para las condenas a los apropiadores de menores. De aplicar este nuevo criterio, los apropiadores podrían tener penas de 3 años de prisión».

«Un delito cometiendo durante 40 años recibiría una condena no acorde a la gravedad del hecho», afirmó CArlotto en referencia al robo de los bebes, uno de los crímenes más aberrantes llevados adelante durante la última dictadura.

En este sentido, la dirigente apuntó contra la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco: «Llama poderosamente la atención que voté en sentido opuesto a condenas anteriores en las que falló a favor de la verdad. Convocamos a todo el pueblo a defender los derechos conquistados que son la calve para garantizar la clave del nunca más».

Por su parte, «Taty» Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se refirió al proceso de diálogo abierto por la Iglesia que busca reunir a víctimas de la dictadura con familiares de exintegrantes de la fuerza: «Jamás nos vamos a reconciliar los organismos de DDHH y toda persona de bien que tiene memoria. Es muy triste como católica comprobar que una vez la jerarquía eclesiástica demuestra que no tiene memoria».

«Ni reconciliación, ni perdón, queremos justicia legal, como siempre, jamás justicia por mano propia. Nos preocupa y nos duele porque nuevamente le están faltando el respeto a nuestros hijos, es demostrar que no tienen memoria, no quieren tener memoria», detalló Almeyda.

Además, Horacio Verbitsky, periodista y abogado que preside el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), especificó que la ley del 2×1 se estableció a partir de 1994 como un método para descongestionar el saturado sistema judicial argentino ante una serie de motines en diversos penales en reclamo del apresuramiento de las causas.

«Es evidente que hay una ofensiva llevada adelante con una notable hipocresía porque para conseguir la libertad de los detenidos por lesa humanidad, recurren a un método alambicado de interpretación de leyes que son de dos aplicaciones», especificó.