La Cámara Federal ratificó este martes la cautelar del juez federal Sebastián Casanello para que el Ministerio de Capital Humano distribuya los alimentos retenidos.

Tras la escandalosa audiencia protagonizada por el dirigente social, Juan Grabois, y la subsecretaria de Legales del ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, la Sala II de la Cámara Federal ratificó este martes la medida cautelar para que la cartera a cargo de Sandra Pettovello detalle el cronograma de reparto de los alimentos guardados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo.

De esta manera, la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los camaristas Martin Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, respaldó la medida cautelar firmada por el juez Sebastián Casanello en la causa que investiga los alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano para merenderos y comedores populares. 

En su fallo de este martes, los jueces realizaron además un llamado de atención sobre las conductas de los dos abogados que participaron de la audiencia pública, por los que los denunciaron ante el Colegio Público de Abogados y ante el Ministerio de Capital Humano, donde Gianni es responsable de asuntos jurídicos.

En concreto, los camaristas dispusieron, por mayoría, “el libramiento de oficios con copia del presente pronunciamiento al Colegio Público de Abogados de esta ciudad y al Ministerio de Capital Humano de la Nación a fin de que, en el marco de sus respectivas competencias disciplinarias, evalúen las conductas desplegadas por Juan Grabois y Leila Gianni en la audiencia celebrada ante esta Sala”.

Es preciso señalar que, luego de que Casanello ordenara a Pettovello a confeccionar de manera inmediata un plan de distribución de los casi 6 toneladas de alimento retenidas, el Ministerio de Capital Humano apeló la medida acusando al magistrado de “violar la división de poderes”, sobrepasar su jurisdicción y dictaminar sobre una “política de Estado no justiciable”.

Sin embargo, Martín Iruzun afirmó al respecto que la medida cautelar de Casanello “no puede sostenerse, como pretende la recurrente, que estamos en presencia de una intromisión indebida de la justicia en esferas que son de exclusiva competencia de otro órgano del Estado”.

“No están en discusión las políticas de Estado en materia de seguridad alimentaria sino, lisa y llanamente, si existió una ilícita actuación de funcionarios públicos que agravó aún más la situación catastrófica en la que se encuentra un importante grupo de personas que no tienen sus derechos humanos básicos cubiertos”, alegó el magistrado desestimando así la apelación de Capital Humano. 

En esa línea, sobre la medida cautelar cuestionada, Eduardo Farah destacó que Casanello no le había expresado al Gobierno cómo debía distribuir los alimentos sino que le había pedido que informara de qué forma pensaba hacerlo. “Esta diferencia a mi entender es sustancial y pone de manifiesto una actitud de prudencia del Juez de Primera Instancia, que debe ser destacada”, afirmó.

“Por otro lado, el Juez demostró la intención de esperar a que el Ministerio de Capital Humano presente su propia propuesta de distribución de tales alimentos, para analizar su razonabilidad en función de los derechos constitucionales en juego”, remarcó Farah.

También, el magistrado subrayó como “prudente y adecuado” que Casanello hubiera esperado esta decisión de la Cámara Federal para avanzar con eventuales nuevas medidas respecto del reparto de los alimentos retenidos en Villa Martelli y Tafí Viejo.