El diputado Carlos Puglelli presentó un proyecto para regular el uso de dispositivos electrónicos y neumáticos en la fuerza. Exigen capacitación obligatoria, controles estrictos y un sistema de trazabilidad para evitar abusos.

El Frente Renovador presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para habilitar y regular el uso de armas no letales dentro de las fuerzas de seguridad provinciales. La propuesta, impulsada por el legislador Carlos Puglelli —presidente de la comisión de Seguridad—, apunta a modificar la Ley 13.482 que rige el funcionamiento de la Policía Bonaerense.

La iniciativa busca incorporar herramientas tecnológicas que operen en el terreno intermedio entre la persuasión verbal y el uso de armas de fuego. Según el texto, estos dispositivos electrónicos o neumáticos están diseñados para generar una incapacitación neuromuscular temporal sin provocar lesiones permanentes.

Para evitar discrecionalidades y garantizar un marco de control, el proyecto establece que el armamento solo podrá ser utilizado por el personal policial en servicio activo que haya aprobado capacitaciones técnicas específicas y exámenes psicofísicos dictados por la autoridad de aplicación.

Puglelli fundamenta su propuesta en antecedentes legislativos y en un informe técnico desarrollado por la investigadora Natasa Loizou, especialista en dispositivos de inmovilización. El diputado argumenta que el término «armas no letales» es más preciso que «armas electrónicas», ya que permite incluir tecnologías de propulsión neumática. Además, remarca que la adopción de estos dispositivos se encuadra en la Ley Nacional de Armas (20.429), por lo que la Provincia sólo debe reglamentar su implementación operativa y asegurar sistemas estrictos de registro y trazabilidad para auditar cada intervención.

El texto del proyecto realiza una distinción crucial para ajustarse a los tratados de derechos humanos: diferencia las herramientas de contacto directo (asimilables a las picanas por su alto riesgo de abuso) de los dispositivos conductores de energía por proyectil (CED), que actúan a distancia.

La propuesta prioriza estos últimos para alinearse con los principios de gradualidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza pública recomendados por la ONU, con el objetivo declarado de reducir los casos de muertes y lesiones graves en procedimientos policiales complejos.