OPINIÓN: Por Diego Dieguez Ontiveros

Somos testigos de un sinnúmero de actos de corrupción cotidiana de mayor o menor trascendencia social.

“…Tenía muy agudizado el sentido del oído. Oigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y a veces, muchas cosas del infierno… Edgar Allan Poe «Narraciones extraordinarias» (1856)

Desde tiempos inmemoriales la corrupción afecta al Estado. Inclusive mucho antes que los mismos adquirieran tal categoría jurídico-política.

La elección de ciertas empresas por ocupar el rol de proveedor del gobierno (ya sea municipal, provincial o nacional) debiera , al menos, despertar la curiosidad de cualquier investigador o analista socio-político.

Cualquier empresa que se precie ha padecido algunas de las siguientes circunstancias en su rol de proveedora del Estado:

1) Gobiernos que entran en virtuales cesaciones de pago de lo acordado en sus licitaciones;

2) Gobiernos que exigen a sus proveedores mayores prestaciones sobre las que se comprometieran en la contratación original so pena de no contratarlos más

3) Gobiernos que encomiendan en ocasiones mediocres funcionarios en el contralor de la obra o provisión de servicio que se trate, entorpeciendo el normal desenvolvimiento de la relación contractual

4) Verse obligadas a designar personal extra para hacer el seguimiento burocrático de interminables expedientes para acceder al cobro de lo pactado;

5) Adecuarse a los “tiempos políticos” de la gestión oficial que muchas veces apura o demora la prestación haciendo uso y abuso del poder de la billetera;

6) Transiciones gubernamentales donde el gobierno que se retira “deja” a su sucesor la tarea de los pagos pendientes ocasionándole a la empresa un desfasaje temporal que impacta en sus costos y utilidades;

7) Funcionarios estamentales que coactivamente exigen dádivas;

8) Desfasajes inflacionarios que deben ser absorbidos por la empresa ante la negativa del gobierno a ajustar las cotizaciones originales;

Estas y tantas otras cuestiones harían a cualquier empresa privada abstenerse de proveer a cualquier esfera de poder estadual.

Por qué entonces innumerables emprendimientos comerciales privados, que abarcan desde una multinacional a una simple cooperativa social, pugnan por ganar el trofeo de la prestación pública?

¿Quien quiere bailar con la persona menos agradable de la fiesta entonces?

¿Qué oscura proclividad al masoquismo haría que esa amplia gama de empresarios se prestara a semejante maltrato institucional en forma voluntaria?

Y la respuesta está en el viento… (o bien en alguna cuenta bancaria o bolso volador)

Somos testigos de un sinnúmero de actos de corrupción cotidiana de mayor o menor trascendencia social. Algunos observan y otros participan activamente.

La dádiva se ha vuelto carne en nuestra sociedad pero esto no es nuevo por más que algunos todavía sostengan que todo tiempo pasado fue mejor…

Representan delitos donde las dos partes se necesitan mutuamente, independientemente que los empresarios de la información refuercen sus análisis inclinando la balanza en escarnio del funcionario público. En ese desequilibrio dejan fuera del análisis, tal vez por que ellos mismos reciben pauta oficial, las maniobras de profesionales abocados a aceitar esta máquina voraz que parece no tener coto.

El entramado es tal que funcionarios y empresarios se reemplazan más la matriz perdura…

El caso Odebrecht (de gran impacto contemporáneo) es el claro ejemplo de lo evidente y de una estrategia superior que se oculta detrás de palaciegas cortinas…

Es entonces que el empresariado se desgarra las vestiduras imputando al mundo político, cuales adanes y evas señalando a la serpiente, de todos los males… Desde haberse sentido presionados, coaccionados a dar dinero para poder industrializar el futuro de los países a manifestar bajo juramento que solo fueron aportes de campaña.

¿Puede el mundo político presionar a un millonario?

¿Puede pensar cierto sector de la justicia que somos tan imbéciles para no detectar la selectividad penal al momento de distribuir los latigazos?

Estados Unidos triunfa en su estrategia ancestral de infiltrar económica e ideológicamente sus programas para el tercer mundo, inoculándonos la figura del imputado colaborador, delator o arrepentido: En síntesis darle validez a la palabra del confeso delincuente quien, como si estuviera dotado de sendas cualidades morales, señala a diestra y siniestra construyendo un nuevo relato criminal.

Latinoamérica se apresta desde hace ya tiempo a nuevas formas de disciplinamiento desde sus poderes judiciales en combinación con el poder político. Nuevas construcciones de paradigmas de investigaciones sensacionalistas en manos de jueces y fiscales colocados “a dedo” sostenidos en un sistema de asignación de causas penales que dista mucho de la transparencia enarbolada…

Y es en estos detalles donde , defraudados, vemos tras bambalinas los hilos del titiritero o el disfraz del que nos acerca la canasta de golosinas hasta nuestra puerta…