La nueva ley tiene algunos puntos a favor del inquilino como contratos a tres años, aumentos regulados (pero con falencias en su aplicación), se limitó el monto de ingreso que es equivalente a un mes del valor del alquiler, se aplicó un tope al monto de la comisión que cobran las inmobiliarias por intermediar, los reclamos por arreglos urgentes y estructurales se deben descontar del valor del alquiler, se ampliaron los tipos de garantías que se pueden presentar y los métodos de control para el cumplimiento de los contratos.

Aunque estos derechos están incluidos en la actual ley, no se cumplen realmente. Continúan siendo insuficientes para los inquilinos que tampoco tienen una forma de reclamar o denunciar los incumplimientos de la ley por parte del sector inmobiliario. A esto se le suma que el monto de los alquileres es muy caro y no para de aumentar mientras que la regulación del Estado es prácticamente nula.

La realidad es que nuestro país tiene serios problemas habitacionales, millones de personas sobre todo jóvenes no tienen posibilidad de acceder a una vivienda propia y esto los obliga a vivir con sus familias, generando así graves condiciones de hacinamiento. En 2016 se realizó un relevamiento de barrios populares y en Argentina había casi 4500 barrios populares, pero según un relevamiento de las organizaciones sociales esa cifra ascendió alrededor de 5000 en estos últimos años, al dia de la fecha aún no hay novedades en el poder legislativo para debatir la modificación de esta ley.

Prensa Movimiento Evita 3F