Sube el impuesto inmobiliario, crea un gravamen al juego y baja Ingresos Brutos. Contempla aumentos salariales del 20% para docentes y estatales

El Gobierno bonaerense buscará aprobar en la Legislatura un Presupuesto 2019 que contempla gastos por 929.000 millones de pesos, con un déficit de $40.000 millones con relación a los recursos, una suba del 38% del impuesto inmobiliario, la creación de un gravamen al juego y una baja de Ingresos Brutos para algunos sectores.

El proyecto propone una mejora del 49% del Fondo Educativo, lo que significa $8.400 millones, según indicaron fuentes oficiales, que destacaron que la iniciativa mantiene a la inversión social al tope de las prioridades de la Provincia.

Obras públicas, desarrollo social, salud y seguridad, además de educación, integran las cinco áreas en las que se destinarían los principales recursos del Estado en 2019, mientras que se estima un endeudamiento en mercados de crédito por $68.500 millones, lo que equivale a la actual deuda que posee el distrito.

La iniciativa apunta a un incremento del 20% para aumentos salariales de docentes, empleados públicos y estatales.

El total de gastos proyectados asciende a $929.000 millones, mientras que los ingresos totales serían de $889.000 millones, lo que redunda en un déficit del orden de los $40.000 millones, en momentos en los que la Provincia insiste en recibir unos $19.000 millones adicionales de parte de la Nación por el Fondo del Conurbano en concepto de actualización por inflación.

El impuesto inmobiliario, tanto urbano como rural, está previsto que aumente 38% en 2019, en tanto el gobierno que lidera María Eugenia Vidal también anunció una baja en Ingresos Brutos para algunos sectores, al igual que la creación de un nuevo gravamen al juego.

«En línea con el Consenso Fiscal, vamos a continuar disminuyendo impuestos distorsivos que perjudican la actividad económica y la generación de empleo. Por eso se bajarán alícuotas de Ingresos Brutos», dijeron autoridades provinciales mediante un comunicado de prensa.

Para la producción primaria la reducción será de 1,5 a 0,75%; para la construcción, de 3% a 2,5%; servicios profesionales, de 5% a 4,5%; transporte, de 3% a 2%; comunicaciones, de 5% a 4%; servicios inmobiliarios de 6% a 5%; electricidad, gas y agua, 4 a 3,75 por ciento.