El Senado de la provincia de Buenos Aires, en una sesión que no pudo escapar a las tensiones generadas por el acuerdo del Gobierno Nacional con el FMI, aprobó este jueves la Ley que envió la gobernadora, María Eugenia Vidal, para quitar impuestos municipales en los servicios de luz (6%) y del agua (4%). Además se aprobó una modificación la Ley de Enjuiciamiento a Magistrados y funcionarios de la Provincia de Buenos Aires que también presentó el Ejecutivo en el marco de sus intenciones para reformar el Sistema Judicial.

El legislador de Cambiemos, José Andrés de Leo, celebró que todos los bloques hayan trabajado para «buscar una alternativa» al incremento de los cuadros tarifarios y explicó que «no hemos logrado un consenso pero sí ha habido unanimidad tanto en la necesidad de buscar esta reducción y de que efectivamente esta reducción beneficie a los más de 7 millones de usuarios de la Provincia».

Aprovechó la oportunidad para destacar el trabajo del Ejecutivo al señalar que «el de María Eugenia Vidal, ha sido el Gobierno que más recursos ha puesto en la provincia de Buenos Aires».

Desde el Frente Renovador (FR), José Luis Pallares, señaló que «el sinceramiento de las tarifas era algo necesario en Argentina pero se había hablado de gradualismo y de segmentación, nunca se cumplió. Tampoco se cumplió aquello de que nunca más se iba a meter la mano en el Fondo Monetario y volvimos a lo mismo».

De todas maneras, en representación de su bloque manifestó que «es un tema que aún hay que discutir mucho, acompañamos la idea de rebajar o tender a disminuir, a través del impacto que significa bajar la alicuota» aunque resaltó que «no podemos ser responsables de desfinanciar a los municipios, sobre todo a los del interior de la Provincia que tienen prestadoras que son cooperativas».

Por el Bloque del PJ Unidad y Renovación, Darío Díaz Pérez, le pidió «al Gobierno Provincial que se busque una fórmula resolutiva de compensar lo que va a ocurrir a partir de esta decisión» porque explicó que si bien a los vecinos les es un alivio, y para las gestiones locales parece poco, «a los municipios le complica seriamente la vida». Además, señaló que los Presupuestos ya están aprobados, las partidas ya se han girado y los intendentes «ya están pensado de dónde van a sacar los recursos» para saldar el porcentaje faltante.

Federico Susbielles en representación de Unidad Ciudadana – FpV dijo que la Ley «no va a traer ningún beneficio más allá de una impresión» y que por el contrario para los vecinos «va a ser un caballo de Troya» porque «las tarifas van a seguir siendo impagables para los vecinos y ahora también tendrán menos respuestas por parte de los municipios».

Afirmó que la provincia de Buenos Aires está en condiciones de «asumir este costo que hoy se está queriendo trasmitir a los municipios». En esa línea recordó que en el 2018, Vidal recibió $40 mil millones del fondo de los Jubilados por el Fondo del Conurbano y que «el año que viene va a recibir más de $65 mil millones en esa línea, por eso solicitó que se cree un fondo compensatorio para los municipios.

Susbielles cuestionó también que el Gobierno no está garantizando el acceso de los bonaerenses a la tarifa social, en ese sentido detalló que «en materia de luz,  el 22,5% la está recibiendo realmente el beneficio y que «se excluye al 66,8% de los elegibles; solamente el 12,9% está accediendo a la tarifa social de agua, dejando por fuera al 79.5%. En cuanto al servicio de gas, sólo acceden al beneficio el 8,1% y a la garrafa social el 7,6%, dejando al 72,1% de los que tienen capacidad de ser elegidos. «El acceso a la tarifa social debe dejar de ser una facultad discrecional de la prestadora de energía, tiene que ser y es un derecho de los ciudadanos de esta Provincia».