Lo hará por intermedio de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires comunicó que se presentará como querellante institucional en la causa por el homicidio de un adolescente cometido en horas de la madrugada en la localidad de Miramar en el contexto de un operativo policial, y que dispuso todos los mecanismos jurídicos y socio comunitarios de intervención.

Desde el organismo explicaron a través de un comunicado que “ante la evidencia de un claro caso de violencia institucional que implicó la utilización letal de la fuerza, la Subsecretaría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense intervino desde horas tempranas de la mañana”.

También comentaron que el director de Políticas contra la Violencia Institucional y la directora de Grupos en Situación de Vulnerabilidad junto a equipos técnicos se dirigieron hacia la localidad de Miramar donde tendrán encuentros con la fiscalía, integrantes del Poder Ejecutivo local y la familia de la víctima para iniciar el proceso de acompañamiento jurídico legal y sociocomunitario.

Por el homicidio del adolescente fue detenido un miembro de la Policía Bonaerense y se encuentra acusado por el Ministerio Público por el delito de homicidio agravado, y en las investigaciones interviene la Policía Federal.

Desde la Subsecretaria también indicaron que “cabe resaltar que la víctima es un adolescente, menor de 18 años, por lo que resulta perentorio que los órganos judiciales competentes desplieguen una investigación pronta, exhaustiva y consistente para determinar las circunstancias en las que el adolescente murió y si los funcionarios policiales involucrados tienen responsabilidades funcionales y penales en el irreparable desenlace de los hechos”.

“Al respecto es oportuno tener presente que de acuerdo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos al que la Argentina ha adherido, en los casos donde la responsabilidad penal de una fuerza de seguridad está bajo sospecha, existen estándares agravados de debida diligencia en la investigación, que obligan a los órganos judiciales competentes a llevar adelante una investigación con celeridad, sin dilaciones, seria, imparcial y eficaz para determinar si se han vulnerado derechos humanos y proteger a las víctimas y asegurar su efectivo acceso a la justicia. Y más aún, cuando se trata de personas que gozan de una protección especial por su condición de niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño de jerarquía constitucional”, se añadió al respecto.