Un polémico proyecto de ley que busca terminar con la obligatoriedad de la vacunación fue girado a la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados y si bien expertos en infectología suponen que no se le dará entidad, preocuparía su avance, ya que esto habilitaría a que vuelvan a circular virus y bacterias que provocan enfermedades que están cerca de la erradicación y desatar brotes.

Se trata de la iniciativa de la diputada de Unión Pro Paula Urroz, quien presentó el texto titulado “Consentimiento informado en materia de vacunación”, que posibilita “la no aceptación de este acto médico”.

En el artículo 1, el texto propone que “las personas que sean pasibles de vacunación obligatoria u opcional y quienes sean responsables por la vacuna que reciba un menor a su cargo deberán recibir previamente una información fehaciente acerca de los riesgos que la inoculación de la vacuna en cuestión implica, posibilitando la aceptación o no aceptación de ese acto médico  en cumplimiento del DERECHO al CONSENTIMIENTO INFORMADO establecido en el Capítulo III de la Ley 26.529”, de Derechos del Paciente. Se entiende por consentimiento informado “la declaración de voluntad efectuadas por el paciente o por sus representantes legales información clara, precisa y adecuada”, continúa el texto.

En relación a este proyecto, el doctor Lautaro De Vedia, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), presume que “este proyecto no va avanzar porque va en contra de todas las corrientes científicas del mundo, pero en caso de hacerlo sería sumamente perjudicial para la Salud Pública, ya que dejaría librado a la voluntad individual cuestiones de interés comunitario, como que la población se vacune”.

“No hay ninguna duda desde el punto de vista científico que las vacunas han salvado vidas y que siguen haciéndolo y si la comunidad no está protegida, van a haber virus y bacterias circulando”, agregó en diálogo con DocSalud.com.

El proyecto presentado por Urroz contempla “excepciones”, entre ellas que el profesional de salud “quedará eximido de requerir el consentimiento informado “, cuando por ejemplo  “mediara grave peligro para la salud pública”. Frente a este argumento, existe un consenso desde las sociedades científicas de que no inmunizar a la población la expone a ciertas enfermedades prevenibles.

“No vacunar ya representa un peligro para la salud pública. Si yo espero para ir a vacunar a mi hijo que haya una epidemia de difteria, ya va a ser tarde, porque van a haber muerto varias personas. Si vamos a tomar ese argumento, la mejor manera de que no hayan peligros es tener a la población inmunizada”, indicó de Vedia.

A manera de ejemplo, preocupa el rebrote de una enfermedad prevenible por vacunas: el sarampión. Se registraron entre enero y febrero de 2017 más de 1.500 casos en más de 14 países europeos y según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta patología provocó la muerte de 134.000 personas en 2015.

El texto de la diputada propone “crear un Registro de los Efectos Adversos por Vacunación, a los efectos de poder documentar el análisis de dicha información”.

Al respecto, De Vedia indicó que en casos muy puntuales y muy poco frecuentes “se contemplan excepciones en la vacunación”, por ejemplo “a una persona mayor no se le indica la vacuna contra la fiebre amarilla porque podría perjudicarla”.

“Si un individuo no se inmuniza, me quedo tranquilo si sé que el resto de la comunidad sí se vacunó. Cuando muchos no se vacunan, ahí comienza el peligro.  porque sí van a circular los virus, las bacterias y enfermedades que sí están a un punto de ser erradicadas”, concluyó el presidente de la SADI.