La iniciativa, enviada por el Ejecutivo provincial al Senado, cambia 15 artículos de la ley N° 13.634. Las reformas propuestas tienen como objetivo unificar las competencias de los Juzgados de Garantías del Joven con las de los Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil.

María Eugenia Vidal, acaba de enviar un proyecto al Senado que modifica 15 artículos de la ley N° 13.634 (18, 22, 27, 28, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 51, 52, 53, 63 y 64) y establece reformas el régimen penal juvenil

Según reza el proyecto al que tuvo acceso La Tecla, los cambios propuestos «tienen como objetivo unificar las competencias de los Juzgados de Garantías del Joven con las de los Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil».

De este modo, «todos los juzgados penales de Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil podrán intervenir tanto en la etapa de investigación como en el eventual juzgamiento».

Además, con los fines de salvaguardar garantías constitucionales, «se establece que en ningún caso el juez de Responsabilidad Penal Juvenil que intervenga en la etapa de instrucción, podrá luego estar a cargo del juzgamiento, ni siquiera como miembro del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil».

La iniciativa se ampara en las estadísticas recabadas en el marco de la Mesa del Mapa Judicial de la Provincia de Buenos Aires, desarrollada en el ministerio de Justicia con participación de dicho organismo, de la Suprema Corte de Justicia, de la Procuración General, y de los Colegios de Abogados y Magistrados de la Provincia de Buenos Aires.

Así las cosas, según señala el proyecto enviado por el Ejecutivo bonaerense, «en Bahía Blanca, durante el 2015, se tramitaron ante los juzgados de Garantías del Joven 655 causas, mientras que en los Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil se cursaron 289 causas». Diferencias, aún más grandes entre ambos nichos se registraron en otras ciudades como Lomas de Zamora y Mar del Plata, por caso.

“En consecuencia, al igualar la competencia de todos los juzgados penales del fuero del menor, el número de causas por dependencia en la etapa preliminar se vería reducido, redundano en una mejora en la administración de justicia”, argumenta el proyecto.